Finjus pide pacto para transformar la Policí

Santo Domingo, RD.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) emitió una declaración en la que alerta al Gobierno y a la sociedad sobre la necesidad urgente de aplicar una reforma en la Policía Nacional que garantice la seguridad ciudadana.

A continuación reproducimos el comunicado:

La Policía es una institución clave para el fortalecimiento del orden democrático y la salvaguarda del imperio de la ley. Su labor es fundamental para el clima de seguridad ciudadana y contribuye de manera decidida al desarrollo económico y al clima de inversiones que requiere el país. Sus acciones son reseñadas diariamente por los medios de comunicación, como ocurre en todas las sociedades modernas, por lo que tiene una alta exposición a la vigilancia y control de la ciudadanía.

No resulta extraño que para cumplir cabalmente con su responsabilidad social, la Policía necesite gozar de la confianza de la población. La legitimidad social de cada una de sus actividades se deriva de su apego a los principios de la sociedad a la que sirve, tener un marco jurídico coherente con la Constitución y las leyes y ser efectivos en el logro de sus objetivos, que son la protección de la ciudadanía y la prevención, investigación y persecución del crimen y el delito. De este conjunto de factores es que nace la percepción ciudadana positiva o negativa sobre este importante organismo.

Los recientes acontecimientos en los que ha estado involucrada la Policía Nacional obligan nuevamente a la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) a llamar la atención de las autoridades del Estado y a la ciudadanía, a unir criterios y esfuerzos para producir las transformaciones que urgentemente requiere la institución policial, para contribuir a mejorar el clima de seguridad ciudadana, aumentar la confianza en sus actividades y reforzar la colaboración que la Policía debe contar con todos los sectores del país.

Para Finjus la Policía Nacional es un activo muy valioso en la construcción de la democracia. Los poderes públicos, la clase política dirigente, los sectores sociales y económicos más importantes y la población en general tenemos la responsabilidad de generar medidas consensuadas que a corto plazo reviertan la percepción negativa que tiene la Policía, y ayude a hacer más efectiva su labor en estrecho contacto y alianza con la sociedad a la que se debe.

Este es el momento decisivo para transformar la Policía Nacional, lo que sólo puede ser realizado si todos los sectores sociales comprometidos con la seguridad ciudadana, el desarrollo económico y social y el fortalecimiento del Estado de derecho, nos ponemos de acuerdo en la definición e implementación de los programas que aseguren que la Policía sea una institución profesional, eficiente, respetuosa de los derechos humanos, implacable con el crimen organizado y comprometida con la protección de la ciudadanía, como norte principal.

Dentro de esos programas deberán incluirse medidas tales como la rediscusión y redefinición de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, para que esté a tono con su definición constitucional. La reforma de la ley de Policía en el año 2003 fue limitada, porque no eliminó la cultura militarista que la marcó al momento de su nacimiento y que sostuvo un modelo autoritario y represivo de relación con la ciudadanía, propio de épocas ya superadas.

La reforma de la Ley de Policía debe consagrar y hacer efectiva la autoridad civil del Ministerio de Interior y Policía en las grandes decisiones de la Policía Nacional, de forma que las políticas del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y persecución del crimen se expresen claramente y sean las que orienten las directivas y de los órganos superiores policiales, evitando la discrecionalidad y autonomía que siempre ha caracterizado a las autoridades policiales.

Esos programas deberán incluir asimismo la necesidad de reformar el modelo de gestión de la Policía Nacional, para que predomine la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos humanos y materiales que el pueblo pone en manos de esa institución por la vía del Presupuesto Nacional. Se requiere de una policía comprometida exclusivamente con el ejercicio de sus obligaciones oficiales, desligada de cualquier función o servicios ajenos a sus atribuciones legales, como lamentablemente predomina en la actualidad.

Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, es imprescindible que la función de investigación de los crímenes y delitos desde la Policía sea realizada en estricta coordinación con el Ministerio Público. Sería oportuna la creación de un cuerpo de investigación al interior de la Policía Nacional, separado de la función de prevención, que esté bajo la subordinación del Ministerio Público, de forma tal que se produzcan mejores investigaciones que aumenten la eficiencia en el logro de mayores niveles de condena de los responsables de crímenes y delitos. Esto implica, asimismo, que la Policía Nacional, coherente con lo estipulado en las leyes, se aleje de toda forma de protagonismo mediático y asuma la obligación de discreción sobre las investigaciones que realiza.

El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional deben manifestar su voluntad política de contribuir a la reforma policial para que esa institución reciba los recursos económicos necesarios para desarrollar los programas de capacitación y formación profesional de todos sus miembros, especialmente de aquellos que entran en contacto directo con la ciudadanía y que puedan ser redefinidos y readecuados todos los manuales de procedimientos y reglamentos que se requieren para que la actuación policial esté apegada a la ley, a los principios democráticos contenidos en la Constitución, al respeto de los derechos humanos y la vida de los ciudadanos.

Finjus considera que es el momento de producir un gran PACTO SOCIAL POR LA REFORMA, para convertir a la Policía en un órgano eficiente, en el que la ciudadanía deposite su confianza en cada hombre o mujer que viste el uniforme policial.

En este sentido, un punto importante del mismo es el programa de actividades que acertadamente delineó el Presidente de la República el 27 de febrero de este año en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional. Dentro de dichas actividades se destacan la dotación de recursos suficientes para modernizar la labor policial, pagar sueldos justos, mejorar los equipos y suministros de los agentes y depurar profundamente todos los estamentos policiales.

Toda la sociedad reconoce que la Policía Nacional está jugando un importante y activo rol en la lucha contra el crimen organizado. Su acción se ha multiplicado y está poniendo gran empeño para mejorar ciertas áreas de conducta. Sin embargo, como herencia de modelos políticos y sociales anteriores, persisten comportamientos que contradicen su función en el seno de una sociedad democrática. Tenemos, entre todos los sectores nacionales, que ayudar a esa institución a vencer una cultura que la aleja de la ciudadanía y rompe los valiosos mecanismos de comunicación y alianza con el pueblo, independientemente de las buenas intenciones de sus mandos superiores.

En la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado, la Policía Nacional es esencial. Reformar la institución policial es la tarea más urgente en ese camino. Si la inseguridad ciudadana predomina y la desconfianza persiste, la democracia, el desarrollo económico y la gobernabilidad sufrirían una derrota de incalculables consecuencias.

Dr. Servio T. Castaños Guzmán

Vicepresidente Ejecutivo Finjus

Fuente: El Caribe.