BANCO CENTRAL EN DESACUERDO CON QUERELLA DPCA
SANTO DOMINGO,.- La Junta Monetaria instruyó al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos a no constituirse en parte civil contra las pasadas autoridades del Banco por considerar que el Departamento de Prevención de la Corrupción busca echar para atrás los rescates bancarios lo cual haría un daño irreversible a su credibilidad.
La resolución de la Junta Monetaria, que se publica en documento anexo a esta información, indica: “En primer lugar, en lo atinente a la desaparición de los indicados pagarés: i) el objeto que persigue la acusación presentada por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción (DPCA), no recoge el interés primordial que tiene el Banco Central de recuperar la posesión de esos títulos, para así impedir que los mismos continúen siendo utilizados para obstaculizar las liquidaciones de los bancos Bancrédito Panamá y Bancredit Cayman”.
La resolución instruye al Banco Central y a la Superitendencia de Bancos a no participar en el proceso penal presentado por la DPCA ni como actor civil ni en cualquier otra calidad.
En relación a la acusación por fraude que hace el DPCA contra las pasadas autoridades del Banco Central por la asistencia de liquidez y salvamento bancario, la resolución de la Junta Monetaria expresa:
“El Banco Central debe mantener, en forma coherente, no solo en este caso, sino también en los otros casos de fraude bancario acontecidos, el criterio de que los rescates bancarios estuvieron justificados por la suprema coyuntura financiera que vivía el país, y que la Junta Monetaria en su momento, consideró necesarios para evitar una situación de mayores consecuencias negativas para el Sistema Financiero Nacional y parra toda nación”.
El documento advierte que “en ese mismo orden, las erogaciones y rescates ejecutados por el Banco Nacional de Crédito, S.A. (BANCREDITO), como en las demás quiebras bancarias, obedecieron a la necesidad de preservar la estabilidad del sistema financiero nacional, en momentos en que se había producido el colapso de otros dos importantes bancos nacionales, situación que ha sido calificada como una crisis sistémica por los Organismos Financieros Internacionales. Este criterio ha sido acogido por diferentes instancias del orden judicial dominicano, tanto en el caso BANINTER, en primer y segundo grado, como mucho mas recientemente, en el juicio de primer grado del caso Mercantil”.
“Asimismo, cambiar radicalmente lo que ha sido la postura del Banco Central ante la legalidad y justificación de los rescates bancarios, la cual ha sido validada como tal por los Organismos Financieros Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y y Banco Mundial (BM), repercutiría negativamente en los intereses y en la credibilidad de dicha institución”, agrega la resolución.
Finalmente, la resolución señala que si el Banco Central secunda al DPCA pudiera “tener también derivaciones adversas para el Banco Central, impidiéndole obtener las reclamaciones económicas que ha presentado ante las liquidaciones del Bancrédito Panamá y Bancredit Cayman”.
El gobierno, a través de la DPCA, inició la persecución penal contra las pasadas autoridades del Banco Central que actuaron en el caso de las quiebras bancarias fraudulentas. Los acusados son el ex gobernador José E. Lois Malkum, el ex vicegobernador Felix Calvo Peralta, y el ex gerente Apolinar Veloz. También es perseguido Manuel Rubio, ex consultor jurídico que entregó los pagarés a Manuel Arturo Pellerano
La resolución de la Junta Monetaria, que se publica en documento anexo a esta información, indica: “En primer lugar, en lo atinente a la desaparición de los indicados pagarés: i) el objeto que persigue la acusación presentada por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción (DPCA), no recoge el interés primordial que tiene el Banco Central de recuperar la posesión de esos títulos, para así impedir que los mismos continúen siendo utilizados para obstaculizar las liquidaciones de los bancos Bancrédito Panamá y Bancredit Cayman”.
La resolución instruye al Banco Central y a la Superitendencia de Bancos a no participar en el proceso penal presentado por la DPCA ni como actor civil ni en cualquier otra calidad.
En relación a la acusación por fraude que hace el DPCA contra las pasadas autoridades del Banco Central por la asistencia de liquidez y salvamento bancario, la resolución de la Junta Monetaria expresa:
“El Banco Central debe mantener, en forma coherente, no solo en este caso, sino también en los otros casos de fraude bancario acontecidos, el criterio de que los rescates bancarios estuvieron justificados por la suprema coyuntura financiera que vivía el país, y que la Junta Monetaria en su momento, consideró necesarios para evitar una situación de mayores consecuencias negativas para el Sistema Financiero Nacional y parra toda nación”.
El documento advierte que “en ese mismo orden, las erogaciones y rescates ejecutados por el Banco Nacional de Crédito, S.A. (BANCREDITO), como en las demás quiebras bancarias, obedecieron a la necesidad de preservar la estabilidad del sistema financiero nacional, en momentos en que se había producido el colapso de otros dos importantes bancos nacionales, situación que ha sido calificada como una crisis sistémica por los Organismos Financieros Internacionales. Este criterio ha sido acogido por diferentes instancias del orden judicial dominicano, tanto en el caso BANINTER, en primer y segundo grado, como mucho mas recientemente, en el juicio de primer grado del caso Mercantil”.
“Asimismo, cambiar radicalmente lo que ha sido la postura del Banco Central ante la legalidad y justificación de los rescates bancarios, la cual ha sido validada como tal por los Organismos Financieros Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y y Banco Mundial (BM), repercutiría negativamente en los intereses y en la credibilidad de dicha institución”, agrega la resolución.
Finalmente, la resolución señala que si el Banco Central secunda al DPCA pudiera “tener también derivaciones adversas para el Banco Central, impidiéndole obtener las reclamaciones económicas que ha presentado ante las liquidaciones del Bancrédito Panamá y Bancredit Cayman”.
El gobierno, a través de la DPCA, inició la persecución penal contra las pasadas autoridades del Banco Central que actuaron en el caso de las quiebras bancarias fraudulentas. Los acusados son el ex gobernador José E. Lois Malkum, el ex vicegobernador Felix Calvo Peralta, y el ex gerente Apolinar Veloz. También es perseguido Manuel Rubio, ex consultor jurídico que entregó los pagarés a Manuel Arturo Pellerano
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