Altagracia Paulino califica de abusivo incremento de la factura eléctrica.

A raíz de las constantes quejas  de la ciudadanía por los incrementos que ha experimentado la tarifa eléctrica en los  últimos meses, la exdirectora nacional de proconsumidor Altagracia Paulino calificó  de abusivo el trato que están recibiendo los dominicanos por parte de las  empresas distribuidora de electricidad, en estos momentos de tantas dificultades y desasosiego  por la que atraviesa la sociedad dominicana.

 Paulino refirió que la  Súper Intendencia de Electricidad,  Protecon  y el  gobierno dominicano, están obligados a revisar la fórmula que se utilizó para medir el consumo de energía eléctrica de los hogares y empresas durante la pandemia ante denuncias de los usuarios por la sobrefacturación recibida durante los  meses de marzo y abril.

 La también directora nacional  del Observatorio Nacional para la  Protección del Consumidor  (ONPECO) dijo  que los  usuarios afectados no deben pagar la sobrefacturación de las EDEs, porque estas empresas comerciales no han hecho el uso acostumbrado en sus instalaciones, y esta alza injustificada constituye una violación al artículo 68 de la Constitución que obliga a respetar el orden institucional y las reglas jurídicas tomadas por el Estado en una situación tan especial como la que se vive por la pandemia.

 Tanto la  ley 21-18 sobre los estados de excepción, como la 358-05 sobre los derechos del consumidor, junto a la propia ley natural de las EDEs que es la 125-01 y sus modificaciones, prohíben cobrar energía no servida o no consumida supuestos que concurren en el presente, debido al estado de emergencia imperante en todo el territorio nacional, por lo que resulta ilógico hablar de alto consumo de energía en locales y apartamentos cerrados, destacó  Paulino.

 La  también periodista  insistió en que la sobrefacturación constituye un atentado a los usuarios, porque al no estar generando ingresos lo poco recursos  que consiguen   deben destinarlos a la sobrevivencia propia y, al poner en la disyuntiva de pagar tarifas abusivas o defender sus vidas le están creando un estrés psicológico y económicamente criminal.