EN ARGENTINA

Demandarán a régimen español 35 años después

Buenos Aires.- Treinta y cinco años después del fusilamiento de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último Consejo de Guerra de la dictadura franquista, su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades.

Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

Su marido, también de 21 años y miembro del FRAP, había sido detenido, juzgado por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose y condenado a muerte en el último Consejo de Guerra de la dictadura franquista.

Pese a la presión internacional y las gestiones del Vaticano para tratar de frenar los fusilamientos, la sentencia se cumplió el 27 de septiembre de 1975 -apenas dos meses antes de la muerte del dictador- y Sánchez Bravo fue uno de los cinco últimos ejecutados por el régimen de Francisco Franco.

Su esposa fue recluida en la cárcel madrileña de Yeserías sin juicio hasta que un informe médico, que advertía de los peligros que suponía el encarcelamiento para su embarazo, le permitió quedar en libertad provisional.

Silvia Carretero huyó a París, donde tuvo una hija, y no regresó a España hasta finales de 1976, cuando se aprobó la Ley de Amnistía.

Treinta y cinco años después, Silvia explica, en una entrevista en Buenos Aires, que ha decidido denunciar el caso de Sánchez Bravo y el suyo propio para exigir que se declare la ilegalidad del tribunal que condenó a muerte a su marido.

Afirma que ha mantenido un largo silencio porque consideraba que no se daban las condiciones en España para denunciar los hechos, pero la presentación, el pasado 14 de abril, de una querella en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, le ha abierto una puerta con la que no contaba.

“Reclamo que se juzgue a todas las personas que participaron en esa represión”, afirma Silvia, que defiende la inocencia de Sánchez Bravo y asegura que le arrancaron su confesión con torturas.

“Fue torturado con electrodos en los testículos, ahogamiento en aguas fecales y golpes con toallas mojadas, y estuvo orinando sangre hasta que lo mataron”, recuerda.