EDITORIALES PERIODICOS NACIONALES.
Los héroes del amor en Haití
Más allá de la abundancia material de las ayudas, el mayor valor de la solidaridad dominicana hacia Haití está representado en nuestros “héroes del amor”, aquellos que se han entregado a salvar vidas, a rescatar damnificados y a dar consuelo a los que sufren, a costa de muchos riesgos.
Está el caso, por ejemplo, del pastor evangélico Juan Sánchez, que se fue con miembros de su congregación a levantar un albergue para niños huérfanos haitianos, pero se contaminó con una bacteria y murió.
Están, también, las dramáticas historias de rescatistas dominicanos que salvaron vidas en peligro de haitianos atrapados bajo los escombros.
O de médicos y enfermeras que, trabajando sin descanso y con muchas presiones para curar a heridos o enfermos, han entregado lo mejor de su talento para rescatar a aquellos de una muerte segura. O los religiosos que han ido a predicar la palabra salvífica de Dios, el mejor remedio contra las angustias humanas.
En una ciudad devastada, en la que ya emergen los indicadores de posibles epidemias, la labor de socorro de los dominicanos, exponiéndose al contagio o a las durezas de las escaseces, pone en evidencia el instinto solidario y la auténtica capacidad de ayuda que se ha vertido hacia Haití en estos momentos dolorosos.
Contrasta esta vocación y actitud de ayuda con la chismografía insensata y malévola de aquellos que, por años, hicieron un negocio pretendiendo mostrarnos al mundo como un pueblo abusador y discriminador de nuestros vecinos haitianos, sin que ahora se haya visto a ninguno de esos “paradigmas de los derechos humanos” acercarse a brindar consuelo o ayuda material al conglomerado del que falsamente dijeron ser sus defensores.
Sin que se haya producido por algún movimiento telúrico, el agrietamiento de tierra en la sección Mari Vásquez, de Puerto Plata, debería servir al menos de advertencia a la población de que esa y otras zonas del territorio nacional están localizadas sobre fallas sísmicas similares a las que causaron el devastador terremoto del 12 de enero, en Haití.
El geólogo Orlando Franco afirmó que el lugar donde se produjo el hundimiento está localizado en un área próximo a la falla “Camú”, a unos seis kilómetros de Imbert, lo que otorga validez a la advertencia precedente.
Ya antes, la Sociedad de Sismología sugirió aplicar un programa de reparación de edificaciones que albergan a escuelas y hospitales, en cuyas construcciones no se aplicaron diseños antisísmicos.
Gran parte de las edificaciones levantadas en regiones afectadas por las ocho fallas sísmicas que atraviesan el territorio, han sido levantadas sin observar requisitos mínimos de seguridad en caso de la ocurrencia de un terremoto.
Sismólogos estadounidenses confirieron similar nivel de probabilidad de que el epicentro de un terremoto se origine en la zona Norte dominicana o en la capital haitiana, donde aconteció la tragedia.
Es por eso que se insiste en señalar que el agrietamiento o hundimiento de tierra en una comunidad de Puerto Plata, debería servir de alerta siquiera para que la población consolide conciencia sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas ante un posible terremoto y Dios quiera que nunca ocurra.
Temblores de tierra de moderada o menor intensidad han producido en el pasado daños de consideración en viviendas, comercios, edificios públicos y carreteras en Puerto Plata y Santiago, lo que consolida la exhortación a la prevención.
Sin ánimo de alarmar, se clama por una política nacional de prevención para casos terremotos.
Entre los hospitales, el Salvador Gautier fue pionero en materia de cirugía de corazón abierto. Lo fue también en trasplantes renales y procedimientos de hemodinamia. En este centro se han ejercido especialidades punteras de la medicina, para beneficio de miles de pacientes de ingresos limitados. Era el centro por excelencia para atención primaria de accidentados graves.
Pero el Salvador Gautier está sometido a un proceso de decadencia. Parecería que quisieran hacerle colapsar. El Departamento de Cardiología está a punto de ser cerrado por falta de equipos de tecnología moderna. El doctor Fulgencio Severino, director de esa unidad, afirma que los monitores del área de cuidados intensivos están deteriorados, no hay ecocardiógrafo ni tomógrafo que sirva. No hay medios para practicar cateterismo, pruebas de esfuerzo y diagnósticos sobre el tipo de derrame cerebral de pacientes con accidente cardiovascular.
El Gautier es un hospital emblemático por los grandes servicios que ha prestado y puede seguir prestando. El deterioro de los servicios en unidades tan importantes como Cardiología es altamente preocupante. La imposibilidad de formular diagnósticos es una falla injustificable en un centro de esa categoría. El Salvador Gautier necesita ahora atención de emergencia.
Hundimientos en Puerto Plata
El terremoto que arrasó Puerto Príncipe hace poco tiempo justifica los temores y angustia que sienten los habitantes de las comunidades La Tachuela, Cantabria y Mary Vásquez, en Puerto Plata, donde desde el 19 de enero se están produciendo deslizamientos y hundimientos de terrenos. Nadie está en condiciones de decir que hay un peligro inminente. Nadie está en condiciones de decir que no lo hay.
Lo que corresponde es que las autoridades competentes hagan las evaluaciones necesarias y adopten medidas de prevención para evitar eventuales percances. Es difícil que los habitantes de esas comunidades acojan la recomendación de las autoridades de no preocuparse o entrar en pánico. La cantidad de nuevas grietas después del sismo en Haití son asidero para que la gente sienta temor. Los expertos deben ir a la zona, hacer mediciones y evaluaciones sobre el terreno, hacer un diagnóstico y tomar las previsiones necesarias.
El bajo mundo tiene sus reglas muy claras. Tan estrictas que con frecuencia logra burlar las persecuciones de las autoridades para castigar sus acciones criminales. En ocasiones son tan efectivas que logran involucrar a parte de quienes tienen la tarea de perseguir.
Esos métodos pueden ser brutales cuando recurren a los crímenes de sangre, o bien tan permeables como lo es la corrupción que implica asociar el crimen con la autoridad. Es evidente que el bajo mundo avanza en sus acciones procurando protección y vínculos con instancias policiales, militares, funcionarios, fiscales o jueces.
Esa dinámica del bajo mundo ha crecido entre nosotros, y quizás las mejores muestras son las que aparecen relacionadas con el auge del narcotráfico y la impunidad y la tolerancia con que ha sido manejado.
Tenemos muestras suficientes para estar convencidos de que ese auge ha operado con la complicidad de muchas instancias oficiales que deben luchar contra las drogas, y que en cambio muchos de sus miembros terminan sirviéndole al crimen organizado.
Cuando los sobornos no logran evitar las persecuciones a las acciones criminales, el bajo mundo recurre al método de silenciar a quienes pudieran implicar un peligro para la estructura mafiosa. También es una decisión que se aplica a quienes se niegan a colaborar con el crimen o contra quienes denuncian las acciones mafiosas.
Una forma de deshojar los expedientes del narcotráfico cuando no se puede por la vía de la corrupción es matando a quienes impliquen un peligro. En ocasiones la propia estructura mata a algunos de sus miembros para ir eliminando piezas que pudieran resultar claves para llevar a la justicia a los mafiosos.
Como que es difícil de explicar: nuestros organismos de inteligencia se precian de saber los pasos de cada cual, pero en el caso de la banda del señor José Figueroa Agosto parece que nadie sabe nada, y los están matando.
Tanta ingenuidad asombra y, más bien, pareciera que hay una intención de dejar desprotegidas a personas que andan con su mortaja al hombro.
Cada una de las personas señaladas con participación destacada en el caso es candidato a ser silenciada por aquellos que no quieren que salgan a la luz los detalles de las operaciones y, sobre todo, los nombres de los participantes ligados a la actividad política o al estamento militar y policial, que deben ser los que están comiendo con su dama, como se dice en el argot popular.
La actitud de los organismos de seguridad, que cooperan en muchas cosas, menos en estos casos, no parece ser inocente y bien harían las autoridades judiciales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas de aclarar muy bien la situación para que el pueblo no siga creyendo que hay un trompo enrollado.
Las cámaras del negocio captaron la imagen de la víctima cuando hablaba por teléfono y buscaba a alguien. Iba en chancletas y pantalones cortos, en plan de ocio y con aparente descuido, comportamiento de quien no se siente perseguido ni vigilado.
Otra vez nos damos cuenta de que los acontecimientos evolucionan, al margen de las actividades investigativas de las autoridades gubernamentales, y el crimen demuestra mayor poder, agilidad y eficiencia en la eliminación de las pruebas y de los testigos vinculados al prófugo José Figueroa Agosto.
La más reciente evidencia de ello es el crimen contra el supuesto jefe operativo del grupo criminal de Figueroa Agosto, Omar Ramón Antigua Polanco, quien fuera acribillado en el parqueo del centro comercial Carrefour el pasado sábado.
Las cámaras del negocio captaron la imagen de la víctima cuando hablaba por teléfono y buscaba a alguien. Iba en chancletas y pantalones cortos, en plan de ocio y con aparente descuido, comportamiento de quien no se siente perseguido ni vigilado. Y era un hombre buscado por la Policía, quien guardaba armas y tenía mucha información sobre las actividades del grupo al que pertenecía. Una posibilidad menos para las autoridades encontrar nuevas evidencias y conexiones de este peligroso grupo.
Pasaron más de 48 horas y el Ministerio Público no sabía quién era la persona que había muerto. La Policía Nacional se guardó la información, y eso es lo que ha motivado una carta del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, que debe resultar dramática a los ojos de cualquier investigador, porque está reclamando una posición que ha debido tener desde el principio la autoridad ministerial frente a la Policía, a la DNCD, al DNI y a las FF.AA.
El lugarteniente acribillado había escapado en varias ocasiones a la Policía, y tenía cargos criminales por tráfico de 293 kilos de cocaína. Era una persona identificada, pero caminaba por las calles con impunidad y aparente conciencia de que no sería molestado por las autoridades. Eso es lo que hay que concluir al conectar esta alucinante historia con otras menos honrosas para la Policía, como la fuga del propio Figueroa Agosto, la de Sobeida Féliz Morel o la de Leavy Nin Batista.
Qué explicación podría ofrecer la Policía Nacional al dueño de la investigación, el Ministerio Público, por no haber dado cuenta de inmediato de este crimen, y en cambio esperar casi tres días para ofrecer información sobre lo que había pasado. El Procurador fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, dijo que no había nada nuevo en la investigación. Y falló, porque sí había y sigue habiendo cosas nuevas que ese departamento no conoce, que parecen ser manejadas a sus espaldas por la Policía Nacional.
Con este tema, pese a las mejores intenciones, es vergüenza lo que va quedando de la orfandad de la investigación oficial. Y cada día va quedando más claro que alguien actúa –con poder- para dejar en ridículo al Ministerio Público.
Un hospital público se caracteriza por la cartera de servicios que a diario ofrece a los cientos de pacientes que visitan las consultas y demandan de las atenciones de médicos especialistas.
El Salvador B. Gautier es un hospital que tiene una alta demanda. El centro ocupa la atención nuestra debido a una situación que podría catalogarse de anormal. Médicos del centro, que prestan sus servicios en el departamento de Cardiología, hacen un inventario de todos los aparatos que no sirven o que presentan un grave deterioro.
No hay un ecocardiógrafo, no hay tomógrafos. El hospital tampoco tiene disponible equipos para hacer la prueba de esfuerzo; y los pacientes no pueden ser intervenidos para un procedimiento de cateterismo.
Los equipos que sobreviven al inventario, plantean los galenos, apenas están en servicio, pero el hospital, afiliado al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, no cuenta con un plan o una voluntad administrativa que vele por la reparación o compra a tiempo de dichos equipos.
El estado de precariedad o falta de interés administrativo podría perjudicar otras unidades. Ojalá que este sea un caso aislado y las autoridades atiendan las preocupaciones que se hacen públicas sobre la crisis que amenaza el servicio en este emblemático hospital de nuestro país
En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la vida democrática del país, luego de la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, muchos partidos políticos se aproximan a la apertura formal de la campaña electoral sin haber definido los candidatos que terciarán en el certamen cívico.
La Junta Central Electoral ha anunciado que en la primera quincena de este mes dará apertura formal a la actividad proselitista, en momentos en que las principales fuerzas políticas debaten posibles alianzas y discuten conflictos internos por candidaturas.
Todavía ayer el tribunal de comicios conocía de las impugnaciones hechas a la convención del Partido Revolucionario Dominicano, en la cual se definirían los cargos directivos de esa organización, lo que la mantiene en una especie de limbo y le ha impedido dar a conocer la conformación de su boleta para los comicios de mayo próximo.
En los predios del Partido de la Liberación Dominicana, la denominada “alianza púrpura” no termina de cuajar, ante el impasse surgido por la candidatura a síndico de Santiago, que los reformistas han definido como no negociable, en apoyo al actual alcalde, José Enrique Sued, aspirante a repostularse.
Pero no sólo es la incógnita de la alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, sino que está pendiente en el PLD el conocimiento de los resultados de encuestas y la aplicación de sanciones disciplinarias a militantes que incurrieron en supuestas irregularidades y desórdenes durante el desarrollo de las primarias.
Mientras que los dirigentes del PRSC han favorecido la escogencia de sus candidatos por encuestas, por entender que esta opción minimiza los conflictos internos.
Lo cierto es que la realidad que vive el país evidencia falta de liderazgo en las organizaciones y una ambición desmedida por parte de aspirantes que se niegan a aceptar el quedar fuera de la boleta, sobre todo en unas elecciones que le dan la oportunidad de optar por un período de seis años en el cargo.
La Junta Central Electoral tendrá el reto de organizar unos comicios transparentes y de preservar el orden en los partidos.
Sin duda alguna que uno de los problemas más angustiantes para la ciudadanía dominicana lo constituye el auge de la delincuencia y la criminalidad, en gran medida responsabilidad del narcotráfico.
Frente al problema hace algunos meses las autoridades pusieron en marcha un plan integrado de combate al narcotráfico, articulando a todas las instituciones del Estado con responsabilidad en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana
Después de eso una larga cadena de golpes espectaculares ha hecho pensar que las autoridades ciertamente parecen decididas a combatir el mal hasta sus raíces. Como consecuencia de ello muchos son los coroneles y militares, así como los civiles de cierto nivel social que han sido investigados, apresados y traducidos a la acción de la Justicia, especialmente después de los casos de Paya y Figueroa Agosto.
Sin embargo, la ambigüedad y vulnerabilidad de la Justicia al liberar inculpados, las debilidades en los procesos investigativos, la fuga facilitada de imputados, y por último las dificultades para el esclarecimiento de los crímenes que han ocurrido recientemente, atribuibles a sicarios de las bandas de narcotraficantes, crean un estado de confusión y ecepticismo en cuanto a la efectividad de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico.
Nuevos elementos de la confusión
Esa confusión cobra fuerza con el pedido hecho público por el Procurador de la República a los jefes de las instituciones del Estado responsables, para que presten su mayor colaboración al Ministerio Público en el proceso investigativo, recordándoles el mandato constitucional que coloca a dicho ministerio en la dirección de los procesos investigativos, al cual los demás órganos oficiales deben auxiliar y subordinarse.
La debilidad institucional que ese mensaje encierra es sacudida casi simultáneamente por otro asesinato de un sujeto que fuera señalado como muy vinculado a Figueroa Agosto, hecho ocurrido este fin de semana a plena luz del día en uno de los grandes súper mercados de la Capital.
A la luz de estos nuevos elementos, la confusión da pie a la sospecha razonable de que todo esto no es posible sin la participación directa de “pejes gordos” que aún no salen a la luz pública y que están muy por encima de los rangos sociales conocidos de los civiles y militares involucrados. Y es en ese nivel que se debilita la lucha y cobra fuerza el narcotráfico desafiante.
Por esas razones, se hace imperioso que se levante la autoridad del Presidente a modo de cohesionar, guiar y fortalecer la jerarquía institucional de todos los órganos del Estado comprometidos, para motivar y provocar en ellos una mayor efectividad en su accionar, antes que la duda razonable envuelva la responsabilidad de todo el Gobierno.
Editorial
Antes que lamentar
Sin que se haya producido por algún movimiento telúrico, el agrietamiento de tierra en la sección Mari Vásquez, de Puerto Plata, debería servir al menos de advertencia a la población de que esa y otras zonas del territorio nacional están localizadas sobre fallas sísmicas similares a las que causaron el devastador terremoto del 12 de enero, en Haití.
El geólogo Orlando Franco afirmó que el lugar donde se produjo el hundimiento está localizado en un área próximo a la falla “Camú”, a unos seis kilómetros de Imbert, lo que otorga validez a la advertencia precedente.
Ya antes, la Sociedad de Sismología sugirió aplicar un programa de reparación de edificaciones que albergan a escuelas y hospitales, en cuyas construcciones no se aplicaron diseños antisísmicos.
Gran parte de las edificaciones levantadas en regiones afectadas por las ocho fallas sísmicas que atraviesan el territorio, han sido levantadas sin observar requisitos mínimos de seguridad en caso de la ocurrencia de un terremoto.
Sismólogos estadounidenses confirieron similar nivel de probabilidad de que el epicentro de un terremoto se origine en la zona Norte dominicana o en la capital haitiana, donde aconteció la tragedia.
Es por eso que se insiste en señalar que el agrietamiento o hundimiento de tierra en una comunidad de Puerto Plata, debería servir de alerta siquiera para que la población consolide conciencia sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas ante un posible terremoto y Dios quiera que nunca ocurra.
Temblores de tierra de moderada o menor intensidad han producido en el pasado daños de consideración en viviendas, comercios, edificios públicos y carreteras en Puerto Plata y Santiago, lo que consolida la exhortación a la prevención.
Sin ánimo de alarmar, se clama por una política nacional de prevención para casos terremotos.
Editorial
Atención para el Salvador Gautier
Entre los hospitales, el Salvador Gautier fue pionero en materia de cirugía de corazón abierto. Lo fue también en trasplantes renales y procedimientos de hemodinamia. En este centro se han ejercido especialidades punteras de la medicina, para beneficio de miles de pacientes de ingresos limitados. Era el centro por excelencia para atención primaria de accidentados graves.
Pero el Salvador Gautier está sometido a un proceso de decadencia. Parecería que quisieran hacerle colapsar. El Departamento de Cardiología está a punto de ser cerrado por falta de equipos de tecnología moderna. El doctor Fulgencio Severino, director de esa unidad, afirma que los monitores del área de cuidados intensivos están deteriorados, no hay ecocardiógrafo ni tomógrafo que sirva. No hay medios para practicar cateterismo, pruebas de esfuerzo y diagnósticos sobre el tipo de derrame cerebral de pacientes con accidente cardiovascular.
El Gautier es un hospital emblemático por los grandes servicios que ha prestado y puede seguir prestando. El deterioro de los servicios en unidades tan importantes como Cardiología es altamente preocupante. La imposibilidad de formular diagnósticos es una falla injustificable en un centro de esa categoría. El Salvador Gautier necesita ahora atención de emergencia.
Hundimientos en Puerto Plata
El terremoto que arrasó Puerto Príncipe hace poco tiempo justifica los temores y angustia que sienten los habitantes de las comunidades La Tachuela, Cantabria y Mary Vásquez, en Puerto Plata, donde desde el 19 de enero se están produciendo deslizamientos y hundimientos de terrenos. Nadie está en condiciones de decir que hay un peligro inminente. Nadie está en condiciones de decir que no lo hay.
Lo que corresponde es que las autoridades competentes hagan las evaluaciones necesarias y adopten medidas de prevención para evitar eventuales percances. Es difícil que los habitantes de esas comunidades acojan la recomendación de las autoridades de no preocuparse o entrar en pánico. La cantidad de nuevas grietas después del sismo en Haití son asidero para que la gente sienta temor. Los expertos deben ir a la zona, hacer mediciones y evaluaciones sobre el terreno, hacer un diagnóstico y tomar las previsiones necesarias.
Editorial
Muestras suficientes
El bajo mundo tiene sus reglas muy claras. Tan estrictas que con frecuencia logra burlar las persecuciones de las autoridades para castigar sus acciones criminales. En ocasiones son tan efectivas que logran involucrar a parte de quienes tienen la tarea de perseguir.
Esos métodos pueden ser brutales cuando recurren a los crímenes de sangre, o bien tan permeables como lo es la corrupción que implica asociar el crimen con la autoridad. Es evidente que el bajo mundo avanza en sus acciones procurando protección y vínculos con instancias policiales, militares, funcionarios, fiscales o jueces.
Esa dinámica del bajo mundo ha crecido entre nosotros, y quizás las mejores muestras son las que aparecen relacionadas con el auge del narcotráfico y la impunidad y la tolerancia con que ha sido manejado.
Tenemos muestras suficientes para estar convencidos de que ese auge ha operado con la complicidad de muchas instancias oficiales que deben luchar contra las drogas, y que en cambio muchos de sus miembros terminan sirviéndole al crimen organizado.
Cuando los sobornos no logran evitar las persecuciones a las acciones criminales, el bajo mundo recurre al método de silenciar a quienes pudieran implicar un peligro para la estructura mafiosa. También es una decisión que se aplica a quienes se niegan a colaborar con el crimen o contra quienes denuncian las acciones mafiosas.
Una forma de deshojar los expedientes del narcotráfico cuando no se puede por la vía de la corrupción es matando a quienes impliquen un peligro. En ocasiones la propia estructura mata a algunos de sus miembros para ir eliminando piezas que pudieran resultar claves para llevar a la justicia a los mafiosos.
Ed. - Suspicacias
Como que es difícil de explicar: nuestros organismos de inteligencia se precian de saber los pasos de cada cual, pero en el caso de la banda del señor José Figueroa Agosto parece que nadie sabe nada, y los están matando.
Tanta ingenuidad asombra y, más bien, pareciera que hay una intención de dejar desprotegidas a personas que andan con su mortaja al hombro.
Cada una de las personas señaladas con participación destacada en el caso es candidato a ser silenciada por aquellos que no quieren que salgan a la luz los detalles de las operaciones y, sobre todo, los nombres de los participantes ligados a la actividad política o al estamento militar y policial, que deben ser los que están comiendo con su dama, como se dice en el argot popular.
La actitud de los organismos de seguridad, que cooperan en muchas cosas, menos en estos casos, no parece ser inocente y bien harían las autoridades judiciales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas de aclarar muy bien la situación para que el pueblo no siga creyendo que hay un trompo enrollado.
DELINCUENCIA/DROGAS
Un poder oculto contra el Ministerio Público
Las cámaras del negocio captaron la imagen de la víctima cuando hablaba por teléfono y buscaba a alguien. Iba en chancletas y pantalones cortos, en plan de ocio y con aparente descuido, comportamiento de quien no se siente perseguido ni vigilado.
Otra vez nos damos cuenta de que los acontecimientos evolucionan, al margen de las actividades investigativas de las autoridades gubernamentales, y el crimen demuestra mayor poder, agilidad y eficiencia en la eliminación de las pruebas y de los testigos vinculados al prófugo José Figueroa Agosto.
La más reciente evidencia de ello es el crimen contra el supuesto jefe operativo del grupo criminal de Figueroa Agosto, Omar Ramón Antigua Polanco, quien fuera acribillado en el parqueo del centro comercial Carrefour el pasado sábado.
Las cámaras del negocio captaron la imagen de la víctima cuando hablaba por teléfono y buscaba a alguien. Iba en chancletas y pantalones cortos, en plan de ocio y con aparente descuido, comportamiento de quien no se siente perseguido ni vigilado. Y era un hombre buscado por la Policía, quien guardaba armas y tenía mucha información sobre las actividades del grupo al que pertenecía. Una posibilidad menos para las autoridades encontrar nuevas evidencias y conexiones de este peligroso grupo.
Pasaron más de 48 horas y el Ministerio Público no sabía quién era la persona que había muerto. La Policía Nacional se guardó la información, y eso es lo que ha motivado una carta del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, que debe resultar dramática a los ojos de cualquier investigador, porque está reclamando una posición que ha debido tener desde el principio la autoridad ministerial frente a la Policía, a la DNCD, al DNI y a las FF.AA.
El lugarteniente acribillado había escapado en varias ocasiones a la Policía, y tenía cargos criminales por tráfico de 293 kilos de cocaína. Era una persona identificada, pero caminaba por las calles con impunidad y aparente conciencia de que no sería molestado por las autoridades. Eso es lo que hay que concluir al conectar esta alucinante historia con otras menos honrosas para la Policía, como la fuga del propio Figueroa Agosto, la de Sobeida Féliz Morel o la de Leavy Nin Batista.
Qué explicación podría ofrecer la Policía Nacional al dueño de la investigación, el Ministerio Público, por no haber dado cuenta de inmediato de este crimen, y en cambio esperar casi tres días para ofrecer información sobre lo que había pasado. El Procurador fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, dijo que no había nada nuevo en la investigación. Y falló, porque sí había y sigue habiendo cosas nuevas que ese departamento no conoce, que parecen ser manejadas a sus espaldas por la Policía Nacional.
Con este tema, pese a las mejores intenciones, es vergüenza lo que va quedando de la orfandad de la investigación oficial. Y cada día va quedando más claro que alguien actúa –con poder- para dejar en ridículo al Ministerio Público.
El Día
Editorial
El hospital Salvador B. Gautier
Un hospital público se caracteriza por la cartera de servicios que a diario ofrece a los cientos de pacientes que visitan las consultas y demandan de las atenciones de médicos especialistas.
El Salvador B. Gautier es un hospital que tiene una alta demanda. El centro ocupa la atención nuestra debido a una situación que podría catalogarse de anormal. Médicos del centro, que prestan sus servicios en el departamento de Cardiología, hacen un inventario de todos los aparatos que no sirven o que presentan un grave deterioro.
No hay un ecocardiógrafo, no hay tomógrafos. El hospital tampoco tiene disponible equipos para hacer la prueba de esfuerzo; y los pacientes no pueden ser intervenidos para un procedimiento de cateterismo.
Los equipos que sobreviven al inventario, plantean los galenos, apenas están en servicio, pero el hospital, afiliado al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, no cuenta con un plan o una voluntad administrativa que vele por la reparación o compra a tiempo de dichos equipos.
El estado de precariedad o falta de interés administrativo podría perjudicar otras unidades. Ojalá que este sea un caso aislado y las autoridades atiendan las preocupaciones que se hacen públicas sobre la crisis que amenaza el servicio en este emblemático hospital de nuestro país
Asunto de tiempo
En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la vida democrática del país, luego de la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, muchos partidos políticos se aproximan a la apertura formal de la campaña electoral sin haber definido los candidatos que terciarán en el certamen cívico.
La Junta Central Electoral ha anunciado que en la primera quincena de este mes dará apertura formal a la actividad proselitista, en momentos en que las principales fuerzas políticas debaten posibles alianzas y discuten conflictos internos por candidaturas.
Todavía ayer el tribunal de comicios conocía de las impugnaciones hechas a la convención del Partido Revolucionario Dominicano, en la cual se definirían los cargos directivos de esa organización, lo que la mantiene en una especie de limbo y le ha impedido dar a conocer la conformación de su boleta para los comicios de mayo próximo.
En los predios del Partido de la Liberación Dominicana, la denominada “alianza púrpura” no termina de cuajar, ante el impasse surgido por la candidatura a síndico de Santiago, que los reformistas han definido como no negociable, en apoyo al actual alcalde, José Enrique Sued, aspirante a repostularse.
Pero no sólo es la incógnita de la alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, sino que está pendiente en el PLD el conocimiento de los resultados de encuestas y la aplicación de sanciones disciplinarias a militantes que incurrieron en supuestas irregularidades y desórdenes durante el desarrollo de las primarias.
Mientras que los dirigentes del PRSC han favorecido la escogencia de sus candidatos por encuestas, por entender que esta opción minimiza los conflictos internos.
Lo cierto es que la realidad que vive el país evidencia falta de liderazgo en las organizaciones y una ambición desmedida por parte de aspirantes que se niegan a aceptar el quedar fuera de la boleta, sobre todo en unas elecciones que le dan la oportunidad de optar por un período de seis años en el cargo.
La Junta Central Electoral tendrá el reto de organizar unos comicios transparentes y de preservar el orden en los partidos.
Editorial
El confuso combate del narcotráfico
Sin duda alguna que uno de los problemas más angustiantes para la ciudadanía dominicana lo constituye el auge de la delincuencia y la criminalidad, en gran medida responsabilidad del narcotráfico.
Frente al problema hace algunos meses las autoridades pusieron en marcha un plan integrado de combate al narcotráfico, articulando a todas las instituciones del Estado con responsabilidad en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana
Después de eso una larga cadena de golpes espectaculares ha hecho pensar que las autoridades ciertamente parecen decididas a combatir el mal hasta sus raíces. Como consecuencia de ello muchos son los coroneles y militares, así como los civiles de cierto nivel social que han sido investigados, apresados y traducidos a la acción de la Justicia, especialmente después de los casos de Paya y Figueroa Agosto.
Sin embargo, la ambigüedad y vulnerabilidad de la Justicia al liberar inculpados, las debilidades en los procesos investigativos, la fuga facilitada de imputados, y por último las dificultades para el esclarecimiento de los crímenes que han ocurrido recientemente, atribuibles a sicarios de las bandas de narcotraficantes, crean un estado de confusión y ecepticismo en cuanto a la efectividad de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico.
Nuevos elementos de la confusión
Esa confusión cobra fuerza con el pedido hecho público por el Procurador de la República a los jefes de las instituciones del Estado responsables, para que presten su mayor colaboración al Ministerio Público en el proceso investigativo, recordándoles el mandato constitucional que coloca a dicho ministerio en la dirección de los procesos investigativos, al cual los demás órganos oficiales deben auxiliar y subordinarse.
La debilidad institucional que ese mensaje encierra es sacudida casi simultáneamente por otro asesinato de un sujeto que fuera señalado como muy vinculado a Figueroa Agosto, hecho ocurrido este fin de semana a plena luz del día en uno de los grandes súper mercados de la Capital.
A la luz de estos nuevos elementos, la confusión da pie a la sospecha razonable de que todo esto no es posible sin la participación directa de “pejes gordos” que aún no salen a la luz pública y que están muy por encima de los rangos sociales conocidos de los civiles y militares involucrados. Y es en ese nivel que se debilita la lucha y cobra fuerza el narcotráfico desafiante.
Por esas razones, se hace imperioso que se levante la autoridad del Presidente a modo de cohesionar, guiar y fortalecer la jerarquía institucional de todos los órganos del Estado comprometidos, para motivar y provocar en ellos una mayor efectividad en su accionar, antes que la duda razonable envuelva la responsabilidad de todo el Gobierno.
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