EDITORIALES PERIODICOS NACIONALES.

Una omisión injusta contra el país

Nadie debería pretender ganarse todos los créditos por la ayuda a Haití, pero el que se mueve en Europa en estos días y lee diarios o ve noticieros de televisión se asombra de la enorme exclusión que se hace del papel dominicano en la tragedia haitiana.

Por el contrario, la idea que se fija en los lectores o televidentes de ciertos países europeos es que el suyo es el que capitaliza el esfuerzo de asistencia o el que más ha aportado.

Al mundo hay que hacerle saber que es una omisión injusta olvidar que los dominicanos fueron los primeros en llegar cargados de alimentos, medicinas, auxilios diversos, y de llevar médicos, voluntarios de la Defensa Civil y otras manos fuertes para asistir en los rescates.

Luego de ese primer esfuerzo, en la madrugada siguiente al terremoto, la ayuda ha sido masiva, diversificada, oportuna, sistemática, y se aumenta en gentes y recursos. Más adelante vienen las estructuras temporales para atender a heridos y, enseguida, la apertura de las salas de hospitales en la capital, Santiago y todas las ciudades fronterizas para curar heridos.

Si criticamos que otros intenten capitalizar honores o reconocimientos, por igual reclamamos que no nos desconozcan o ignoren en todo cuanto hemos hecho y seguiremos haciendo en el futuro.

La mano generosa más oportuna que tendrá Haití será la nuestra porque tenemos una capacidad de asistir y alimentar y dar cobijo a los vecinos mucho mayor que la que estarían dispuestos a ofrecer otros que hoy ocultan todo lo que hemos hecho a favor de los damnificados del terremoto.

A cada cual lo suyo, pero en justicia, sin exclusiones u olvidos inmerecidos.

         Editorial        

Fe sin obra

La tragedia de Haití sobrecoge a la Iglesia Católica dominicana que en su Carta Pastoral clama a sus feligreses acudir en auxilio de ese sufrido pueblo porque “la fe sin obra material es vana”.

Los obispos advierten sobre la necesidad de abrir los ojos ante la extrema pobreza haitiana que se antepone a una cultura de derroche y confort que prevalece en el mundo de hoy.

La Conferencia del Episcopado ha resaltado en su tradicional Carta Pastoral el contraste entre un Haití destrozado por un terremoto que causó unos 200 mil muertos, con la dictadura de la relatividad, denunciada por el papa Benedicto XVI, que crea un nuevo tipo de mentalidad basada en el afán de dinero y poder.

Los obispos han censurado a los partidos políticos a los que creen apartados de sus principios ideológicos y convertidos en maquinarias de oferta y demanda clientelar que ha generado un clima de corrupción nunca antes visto en el país.

Esa Carta Pastoral advierte a la sociedad dominicana sobre el debilitamiento de los valores humanos, familiares, éticos y morales, lo que a su vez genera inseguridad, delincuencia, violencia, crimen y corrupción.

Aunque por razones obvias la exhortación a acudir en auxilio de Haití encabeza ese texto, liderazgo político ni sociedad deberían soslayar las severas recriminaciones éticas y morales que contiene.

La extendida drogadicción y la crisis familiar preocupa sobremanera a la Iglesia, que ha llamado a sus sacerdotes a asumir el compromiso de renovación interior para que su labor pastoral sea más intensa e incisiva.

Los obispos dominicanos recogen el valiente discurso del fenecido papa Juan Pablo II, al señalar que el pragmatismo y el consumismo de una economía de mercado sólo ha servido para excluir a millones de personas y aumentar la brecha entre pobres y ricos.

A la luz de esa valiente e incisiva Carta Pastoral, la Iglesia parece advertir que además de las preces a la Virgen María se requiere que la conducta personal, familiar, corporativa y política esté siempre asociada con la ética y la moral.

Los obispos han interpretado el sentir de una población harta de despropósitos. Quien tenga oídos, que oiga.

Ed. - Jueces justos

Ayer volvimos a escuchar expresiones tales como "los jueces deben ser duros con los criminales", lo cual es un error: los jueces deben ser justos y apreciar el daño que ha causado el delito para imponer la medida correspondiente.

Los jueces no pueden ser duros, simplemente porque serían injustos y ese es el deber fundamental del juez: poner en la balanza el delito cometido y la ley aplicable y tratar de lograr el equilibrio perfecto en sus decisiones.

El problema de este país no es de jueces severos, es de jueces injustos, que imponen duras penas en base a prejuicios y presiones y dejar pasar por el cedazo a quienes pueden pagar o tienen los contactos correctos.

El porcentaje de condenas de nuestros tribunales es muy alto. Ese no es el problema. El problema es medir a todos con la misma vara, con una venda en los ojos para no ver la condición social, económica o política. Es estar sintonizado con la sociedad para ayudarla a defenderse de los delitos que más la afectan.

Necesitamos jueces justos, ni más ni menos.

         Editorial        

Miedo patológico a la disciplina

El proyecto de ley que regulará las actividades de los partidos políticos ha vuelto a la mesa de las discrepancias de las organizaciones que se han comprometido -en teoría, que no en los hechos- a crear un estatuto que las discipline y modere. El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, dice que no hay tiempo para conocer el proyecto y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) insiste en que sea sancionado en el Congreso.

En su oportunidad, cuando controlaba el Congreso, el PRD jugó las mismas fichas en cuanto a la propuesta de una ley de partidos. Las dos organizaciones han manoseado el proyecto según convenga a sus intereses en determinadas coyunturas políticas, pero no se ponen de acuerdo en dar un paso en la dirección que el país aspira y necesita. El clientelismo le sigue torciendo el brazo a la razón.

El momento deberá llegar en que sea aprobada una ley que controle la conducta de los partidos políticos, a la manera antojadiza de manejar su democracia interna, y que fiscalice la obtención y uso de fondos para financiar las campañas internas y nacionales. El temor a la disciplina queda de manifiesto una vez más con las discrepancias actuales. Parecería que aprobar la disciplina sería una especie de suicidio.

Por un plan de relevos médicos

La demanda de servicios médicos desencadenada por la tragedia de Haití ha sobrepasado la capacidad de algunos de nuestros hospitales. Esa presión, a su vez, ha exigido grandes sacrificios del personal médico y paramédico. La situación, en este aspecto, ha sido crítica en los hospitales cercanos a la frontera, en los de Santiago y en el Darío Contreras, que es el principal centro de traumatología del país. La respuesta humanitaria del país ante la tragedia del pueblo haitiano ha incluido este aspecto vital.

El Colegio Médico Dominicano ha reclamado que se habilite un plan de relevos y que se provean condiciones para que los médicos agotados puedan descansar. Este reclamo es comprensible, y más tomando en cuenta que muchos médicos se han incorporado a servicio de manera voluntaria. La Secretaría de Salud Pública debe tomar en cuenta la situación y actuar para mejorar las condiciones de este personal. La coyuntura así lo aconseja.

EDITORIAL

Un rol protagónico

El presidente Leonel Fernández ha desempeñado una labor pacificadora que la comunidad internacional ha reconocido. Su rol protagónico ha ayudado en múltiples dificultades en la región. Y ha levantado su voz con sentido en la crisis mundial del pasado año 2009.

Su mediación en el conflicto entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua sirvió para apaciguar las actitudes aguerridas de sus presidentes Álvaro Uribe, Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega, respectivamente.

Esa confrontación por el ataque de las tropas colombianas a un comendado de la guerrilla, asentada en la frontera con Ecuador, amenazó la región con un conflicto armado, lo que vendría a complicar aún más la situación.

La labor del presidente Fernández fue salvadora en un encuentro celebrado en nuestro país, lo que le fue reconocido de forma inmediata por los mandatarios y por todo el mundo.

Sus intervenciones han sido ejecutadas con inteligencia, lo que le ha permitido ser un mediador reconocido por las partes en conflictos. Sus convicciones, en cambio, han sido firmes con respecto al apoyo al ejercicio de la democracia. Por ejemplo, su posición frente al golpe de Estado en Honduras no dejó dudas, pues lo consideró desde el primer momento como un acto inaceptable y llegó incluso a proponer acciones para excluir y aislar a los golpistas.

Su papel frente a la tragedia en Haití le ha ganado el reconocimiento mundial. Ha logrado, además, resolver una vieja cuestión de mala imagen de nuestro país frente a los haitianos. Ha dejado al país en la posición clave para la solución haitiana.

Esa labor ha traído al presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, donde el mandatario dominicano en procura de la reconciliación de su pueblo

Esos “arraigos”

Con justificada razón, la sociedad dominicana está alarmada por la forma en que han sido favorecidos por dictámenes judiciales personas vinculadas a hechos sumamente graves, entre los que figura la terrorífica figura del “sicariato”.

Aunque hay que respetar el principio de la presunción de inocencia y el derecho de los magistrados a administrar justicia con arreglo a la ley, llama la atención que se produzcan tales fallos en casos en que los imputados figuran con serios indicios de involucramiento.

Consciente y sensible ante esta situación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, presentará al pleno del organismo un proyecto de reglamento para que los jueces tengan una guía para determinar los arraigos de los imputados a la hora de enviarlos a prisión o dejarlos en libertad.

Mientras llega esa normativa, que se espera evite a los jueces ciertas confusiones o falta de clarificación en cuanto a la interpretación del Código Procesal Penal, harían bien en seguir su recomendación de que actúen con suma prudencia al pronunciar decisiones sobre casos graves y de interés social.

En cuanto al llamado “sicariato” y un dictamen objeto de fuertes cuestionamientos en la opinión pública, estamos hablando de situaciones realmente horrendas, porque con un pasmoso carácter sanguinario perpetra asesinatos en serie, dispuestos como ajustes de cuentas por rebatiñas y engaños entre grupos dedicados al tráfico de drogas.

Además de usar el país como puente para el trasiego de estupefacientes, el narco ha provocado otro grave trastorno con el microtráfico en barrios humildes, donde el pago en naturaleza y la lucha por el control de puntos de distribución ha desatado los demonios.

En los frecuentes enfrentamientos con armas de fuego de todo tipo no solo perecen los distribuidores de drogas, sino también gente decente y trabajadora que circunstancialmente se ve en medio del fuego cruzado de un tiroteo entre vándalos.

Si permitimos que el narco siga ganando terreno, la sociedad quedará desprotegida, a merced de sus infernales tentáculos.

Editorial

terremoto haití

Prioridades en Haití y el apoyo dominicano

Nuestro país, pueblo y gobierno, ha dado un extraordinario apoyo desde el primer momento de conocerse el episodio sísmico y aúna voluntades.

Acompañada de la solidaridad ante la tragedia haitiana mucha gente de gran renombre ha decidido visitar Puerto Príncipe en estos días, para poner un granito de arena en la reconstrucción de ese destrozado país.

Eso es bueno, porque suma voluntades y mantiene el interés en el apoyo logístico y económico, pero hay casos en los que resulta muy evidente el afán de la publicidad.

Las visitas del secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pudo ser mejor manejada, por ejemplo. Llegó a Puerto Príncipe con tal contigente vehicular, militar, de burócratas y de periodistas que daba pena la enorme cantidad de recursos dispendiadas en sus recorridos, mientras hacían falta manos para socorrer a algunos de los sobrevivientes que aún quedaban bajo los escombros.Este es solo un caso.

Otro está relacionado con la distribución de los alimentos: Para distribuir 500 raciones de

comida, en el recinto de una Iglesia de Los Mormones, fue necesario recurrir a docenas de militares y a una caravana de vehículos que hacía pensar que la comida la estaban protegiendo de los hambrientos para entregarlas a gente satisfecha y bien vestida, resguardada por su condición de adeptos a una denominación cristiana.

Los líderes y gobiernos deben aprovechar al máximo el tiempo en una tragedia de las magnitudes de la haitiana, ser efectivos en el apoyo logístico y económico, y agilizar lo más posible el proceso de reconstrucción, sin espejismo publicitario tan próximo a la hipocresía.

Lo más importante lo planteó el pasado lunes el presidente Leonel Fernández: el mundo debe ponerse de acuerdo para ayudar a la reconstrucción integral de Haití, condonando su deuda externa, y algunas naciones haciendo cargo de la reconstrucción de zonas completas de ese destrozado país, y sumando el tema de la institucionalidad política, que no debe quedar fuera.

República Dominicana ha dado un extraordinario apoyo desde el primer momento de conocerse el episodio sísmico. Ya se realizó el primer esfuerzo de aunar las voluntades internacionales, y el 25 de enero habrá otra reunión cumbre en Canadá. Las prioridades deben ser claras.

Nuestro país deberá tomar medidas preventivas para evitar epidemias, para lo cual habrá que trabajar mucho en Haití con el fin de proteger a los ciudadanos haitianos y a los voluntarios que se mantengan o se sumen al esfuerzo mundial para levantar a ese postrado país.

      Editorial        

No podemos olvidarnos

El impacto de la tragedia de Haití ha centralizado la vida nacional. Es una situación que estará durante mucho tiempo en la atención nuestra, y esperemos que hasta un punto donde la fuerza de la solidaridad haga menos intenso el dolor.

Sin dividir la intensidad de la ayuda, sin desviar la voluntad, sin disminuir la atención a un drama tan humano, debemos recordar que hay otras responsabilidades, con otro rango, pero también importantes para nuestro país.

Haití vive una situación muy sensible, pero al mismo tiempo nos recuerda nuestros grandes compromisos. Se trata de retos y obligaciones de cara a esos compromisos que esperan por decisiones y que reclaman la atención inmediata.

Pensamos por ejemplo, en el Ministerio Público, la Justicia; y de manera particular, decisiones que se deben tomar, cuanto antes, en tribunales de la República, donde hay expedientes muy serios, con grandes implicaciones, y que merecen ser conocidos con objetividad, ya que en su inmensa mayoría son casos donde hay un gran número de personas citadas o en vías de procesos por alegados vínculos con el narcotráfico.

Los jueces, con la libertad de criterio y la objetividad que siempre los ha caracterizado, deben actuar. El tiempo hay que aprovecharlo, al máximo, sobre todo, si necesitamos poner al desnudo importantes verdades y decisiones que, de una u otra forma, afianzarán la credibilidad en nuestro sistema de justicia, y de manera particular, de la idoneidad de los jueces que trabajan en casos calificados de muy delicados

Editorial

Una cruzada contra el Narco-Estado

La literatura clásica rusa tiene en “Crimen y Castigo” una obra memorable, en la cual Fiódor Dostoievski describe de forma magistral la dialéctica del crimen y el castigo, mediante la cual la sociedad asume el derecho de reprimir el acto criminal.

El crimen resulta la negación de la vida y la ley, por lo cual es legítimo y legal aplicarle al delincuente el castigo con otro crimen, como forma de reparar los daños causados por el primero. Por eso la dialéctica del crimen y el castigo es la negación de la negación, una aberración que justifica la represión de la autoridad frente al delincuente criminal.

La sociología de Max Weber, por su parte, definió la represión del Estado como un atributo legítimo de la autoridad para asegurar la supervivencia del orden social.

Estas consideraciones vienen a raíz de las decisiones judiciales que han liberado a inculpados de crímenes múltiples, todos ligados al narcotráfico, bajo pretextos legales derivados del cuestionado Código Procesal Penal.

Tales decisiones atentan contra la supervivencia de la sociedad dominicana, por lo cual esas imprudentes y disociadoras decisiones de sujetos inconscientes o sociópatas, han provocado la indignación de la colectividad nacional, a través de voces autorizadas como la del Cardenal de la República, de ilustrados juristas y de las propias autoridades de Ministerio Público.

La sociedad tiene que levantarse contra la justicia vandálica para evitar que el narcotráfico siga entronizándose en todas las estructuras del poder y de la autoridad de la nación, incluyendo la Justicia.

Voces tan válidas y preclaras señalan que el peligro del narcotráfico es ya un problema estructural, indicando con ello de que el mismo ha permeado las estructuras del más alto poder del país.

De ser así será poco efectiva la heróica acción de algunos funcionarios civiles y militares que hoy luchan denodadamente contra el crímen organizado, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas.

Es hora de que se tomen acciones tranquilizadoras ante la grave situación, pero rápido:

Que se reapresen los criminales inculpados aun por encima de aquellos que usurpan la Justicia dominicana;

Que la SCJ ordene una investigación no muy tardía ni rigurosa y cancele a los prevaricadores si los hubo y ordene su inmediato apresamiento;

Que algún Senador digno o algún Diputado representativo someta de urgencia al Congreso una enmienda transitoria al desdichado Código Procesal Penal, para que no exista posibilidad de que inculpados de crímenes ligados al narcotráfico puedan obtener la libertad ni bajo fianza o por habeas corpus con ningún pretexto leguleyo.

Empecemos ahora a desmantelar al narco-Estado y apliquemos la salvaje dialéctica del “crimen y castigo