Editoriales Principales Diarios Dominicanos

No podemos seguir siendo indiferentes

Por muchos años parecía que los dominicanos miraban a Haití al socaire, como si lo que ocurriese allí no nos interesara.

Sin embargo, en las últimas semanas el tema de la incidencia de los haitianos en la vida dominicana ha concitado las más variadas reacciones y ha reactualizado el debate acerca de la necesidad de poner en vigor una política, acompañada de sus soportes jurídicos, que regule la migración de los vecinos.

La última encuesta Gallup, ordenada por el matutino Hoy, consultó el sentir de la población y encontró que la mayoría de los dominicanos apoya que se establezcan controles más rigurosos, no para impedir la entrada de los haitianos, sino para regularla, como lo hacen todos los países del mundo que tienen algun aprecio por el valor de su soberanía.

Contrariamente a lo que ciertos grupos temían, el tratamiento del problema haitiano con todas sus variables ha permitido tomar el pulso al nivel de conciencia que existe entre los dominicanos acerca del impacto de las carencias o crisis de Haití en la vida presente y futura de nuestro pueblo.

Los reportajes publicados en el LISTÍN DIARIO desnudando algunas realidades incómodas, como la haitianización de muchas zonas fronterizas, la intensidad del negocio de las mafias del carbón y de otros productos contrabandeados, jamás han pretendido estimular sentimientos de odio o rechazo a los haitianos, sino acentuar el conocimiento y comprensión, por parte de los dominicanos, de esa problemática, para que le busquemos solución.

La encuesta de Gallup nos dice, ya, por donde anda la opinión de la mayoría. Y, de paso, pone al descubierto las fallas del liderazgo político dominicano al no calibrar todas las consecuencias a que estamos expuestos si no se impone un control migratorio, un fortalecimiento de la protección fronteriza y se asumen otras medidas concordantes con el irrenunciable derecho a la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales, derecho que nadie puede discutirnos ni enajenarnos.

Editorial

La adicción es parte del mal

Es comprensible y necesario todo el esfuerzo que se hace por fortalecer la capacidad del país para combatir el tráfico de drogas. Adquisición de Super Tucanos y radares para disuadir los “bombardeos” de drogas desde el aire, más y mejor equipo para el aspecto represivo de la lucha, y más gente entrenada, son componentes de ese fortalecimiento. Es un esfuerzo plausible, que se corresponde con la magnitud de la ofensiva del narcotráfico.

Pero hay aspectos del problema que parecen descuidados, relegados a planos de insignificancia. Las organizaciones que trabajan en la prevención de la adicción a las drogas y la rehabilitación de adictos se quejan frecuentemente de la falta de atención oficial. Inclusive, han denunciado que se viola el mandato de la ley sobre drogas en lo que concierne a la distribución de los recursos decomisados al mercado ilícito de narcóticos. Casa Abierta, por ejemplo, dice que se verá obligada a devolver ayuda internacional por falta de contrapartida local.

La adicción es una consecuencia grave del comercio de drogas. El adicto es un producto de ese negocio que enriquece a unos y destruye a otros. No podemos tratar con descuido esta parte de efectos tan dramáticos para la sociedad. La lucha contra las drogas tiene que ser integral. Debe tener en cuenta que la adicción también es parte del problema.

Es hora de probar la 340-09

Los artefactos pirotécnicos son tema obligado cada año para esta época. Su producción y venta han dejado sabor amargo en muchas navidades, por el número de personas quemadas y mutiladas. El 2008 ha sido uno de los mejores años en lo que concierne a efectividad en el control de la producción, venta y uso de estos artefactos. En comparación con otros años, el número de lesionados bajó sustancialmente en el 2008, gracias al esfuerzo de las autoridades.

En esta ocasión hay un elemento novedoso. la promulgación -el 4 de noviembre- de la ley 340-09 de Control y Regulación sobre Productos Pirotécnicos, pone en manos de las autoridades un instrumento jurídico que contiene pautas específicas sobre el mercado de los fuegos artificiales y las sanciones aplicables en cada caso. La Secretaría de Estado de Interior y Policía ha expresado satisfacción por la promulgación de esta ley. Sería conveniente aplicar el aspecto preventivo que ella contiene.

¡Alerta!

Las operaciones temerarias y criminales del narcotráfico internacional no cesan sobre la República Dominicana, a pesar de fuertes y persistentes acciones desplegadas por las autoridades para combatir este terrible flagelo.

Aunque Estados Unidos, principal destino de la droga que pasa por nuestro territorio, volvió a reconocer recientemente esos esfuerzos, es innegable que aun permanecen debilidades que debemos corregir para fortalecer ese crucial combate.

El decomiso en el puerto de Barranquilla de lo que se considera el mayor alijo de heroína en la historia de Colombia y la versión de que sería transportada a la República Dominicana, debe poner en alerta a nuestras autoridades.

Además de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía, que en los últimos tiempos ha tenido una destacada actuación en esta lucha, esta ominosa señal tiene que poner en guardia a la Marina de Guerra, que ahora también colabora decididamente.

La noticia sobre el decomiso de 131 kilogramos de heroína debe merecer además especial atención para redoblar la vigilancia en los puertos, ya que, según los informes provenientes de Bogotá, la droga sería transportada al país por vía marítima, oculta en tres contenedores.

Esto viene a confirmar el alerta dado a mediados de este año por inspectores e investigadores de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por sus siglas en inglés, sobre las nuevas modalidades que estaban aplicando los narcos para traficar en el Caribe desde Centroamérica y América del Sur.

Según la DEA, además de los métodos convencionales, que siguen usándose, como el lanzamiento de drogas desde avionetas, el narcotráfico utiliza también contenedores, donde los narcóticos son camuflados junto a otro tipo de mercancía de legítimo comercio.

Recientemente observamos como un cargamento de yautía con destino a Puerto Rico y que era embarcado en el país, tenía en realidad como objetivo el envío de un alijo de cocaína.

Estamos, pues, frente a una renovada amenaza, lo que hace cada vez más patente el reto de una lucha que no admite pausa

Editorial

Comparonería

Nada se descubre al afirmar que el tránsito en el gran Santo Domingo es un mayúsculo caos donde impera la ley de la selva, pero resulta válido afirmar que el desorden se torna mayor cuando motorizados de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) detienen abruptamente la circulación de vehículos para dar paso a funcionarios públicos o ciudadanos con irritantes privilegios, incluídos empresarios y periodistas.

La ley identifica con claridad los funcionarios públicos que están autorizados a usar franqueadores, pero inexplicablemente cualquier servidor de quinta categoría anda calle arriba y calle abajo escoltado por agentes de Amet en motocicletas de alto cilindraje que apartan vehículos de las avenidas como si fueran moscas.

Esos motorizados detienen la circulación vial en las más congestionadas intercepciones del gran Santo Domingo para despejar el paso de nuevos reyes, sin que se pruebe la concurrencia de alguna urgencia o asunto de seguridad.

No son pocos los accidentes de tránsito que ocasionan esos alocados jinetes en su afán por despejar avenidas y autopistas para que yipetas y carros pescuezo largo transiten por la ciudad con la tranquilidad de un Viernes Santo.

Trastornar de manera inesperada intercepciones de gran flujo de vehículos se ha convertido en una de las causas principales del caos mayor en el tránsito, por lo que se requiere poner coto a tan irritante práctica.

Algunos ministros, funcionarios de menor jerarquía, periodistas y empresarios disponen de tantos o más franqueadores que el propio Presidente de la República, en escenas callejeras pendulares entre la irritación y el ridículo.

No se niega razón ni derecho a funcionarios del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran de ese tipo de servicio, pero no resulta gracioso que cualquier saltapatrás se desplace por la vía pública con tantos franqueadores motorizados como si fuera algún jeque árabe.

El orden del tránsito debería empezar por conjurar esa comparonería.

Ed. - No empieza

Ante los afanes de Diario Libre por mejorar el tránsito, las autoridades prometieron que iniciarían una campaña de educación por diversos medios, para mejorar la conducta de los conductores. Si empezó, no la hemos visto.

Como tampoco hemos visto los estudios para resolver los puntos nodales que crean caos en el tránsito.

Un punto de esos es la esquina de la avenida Abraham Lincoln con la Andrés Julio Aybar, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los que transitan por ambas vías.

El problema es que ambas, una estrecha y otra amplia, son de doble vía y como en este país todos andan con prisa y nadie cede el paso, siempre hay un entaponamiento en esa esquina.

Una solución sería cerrar el cruce de la Lincoln, de modo que los vehículos que vienen del Oeste tengan que doblar a la derecha hasta el próximo semáforo, una cuadra más arriba y los del Este, doblen a la derecha hasta el semáforo de la Max Henríquez Ureña. Todo por un mejor tránsito.

Editorial

Firmar para la conclusión

Desde las diez de la mañana de este lunes 7 de diciembre y hasta las seis de la tarde, los asambleístas tendrán la oportunidad de firmar el nuevo texto de la reforma a la Constitución del país. Ha sido, quizás, la mayor reforma que hemos tenido a lo largo de toda la historia republicana. Es decir, la más profunda en su forma y contenido.

Ha sido igualmente, el proyecto de mayor negociación política entre quienes controlan el poder del Estado y quienes aspiran a volver a controlarlo. Esencialmente, esas negociaciones políticas se han producido entre los dos principales partidos políticos del país, como son el oficial Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Y ha sido entre ellos, principalmente, porque el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) tuvo en la coyuntura de la reforma a la Carta Magna una situación de ambivalencia y con ello perdió incluso varios legisladores, y por tanto perdió no sólo poder de negociación, sino importancia para resolver los puntos más controversiales de esas reformas a la Constitución.

Ha sido importante el proceso, pues los sectores involucrados se vieron en la necesidad de ceder puntos que sin duda puede afectar sus aspiraciones por el poder. Comenzando porque el tema de la reelección presidencial fue desbloqueado, pero estableciendo un límite en la continuidad del ejercicio.

Esa misma situación, sin embargo, reanima a quienes han ejercido el poder, aunque apenas tenemos en pleno dinamismo al ex presidente Hipólito Mejía en el PRD. Hay otras cuestiones importantes del poder que han sido modificadas y que una vez tengamos el nuevo texto podremos saber sobre sus verdaderos alcances.

Ahora a la firma.

Editorial

Un país y cinco problemas

Las encuestas, necesariamente, no son un reflejo directo de la realidad, pero si hay una herramienta para saber cuál es la percepción de la inmensa mayoría de un país hay que recurrir a este sistema de trabajo.

Importa lo que dicen los encuestados, porque son una parte del país con voz y percepción que terminan dando una respuesta sobre los tópicos que trata la encuesta. Y cuando las preguntas tienen que ver con lo económico, lo social o lo político, hay un ejército dispuesto a responder, siempre con la objetividad que lo caracteriza. Es decir, dependiendo de qué lado de la acera se encuentre podrá hablar de la luz del sol o de la bondad de las sombras.

Los últimos resultados de una encuesta dicen que hay cinco problemas históricos que arrastramos los dominicanos hace varias décadas. No importa el orden, cada uno puede ser, en su momento, el más importante.

Si lo presentáramos sin ningún orden son los siguientes: la deficiencia energética, el desempleo, el costo de la vida, la delincuencia y la inmigración ilegal. Todos tienen un sensible vínculo con la economía del país. Es decir, no hay uno solo en el cual no haya una gestión de gobierno fallida. Son todos problemas de Estado.

En una familia –y el país se comporta como una conjunción de familias– si la economía no funciona, o sea, si el padre o la madre no tienen empleo, hay muchas cosas que en el hogar entran en crisis. El ejemplo, en el país, magnifica sus consecuencias en los problemas de marras. Una conclusión hay: si el Gobierno es el administrador de la cosa pública, por tanto es responsable de darle solución a estos cinco problemas.

Editorial

Almeyda, la Procuraduría y la Policía Nacional

Que la Policía Nacional se comporte como un grupo de matones de personas apresadas, sin ninguna capacidad para rebelarse u oponer resistencia a la autoridad, constituye un hecho grave en materia de atropello a los derechos humanos, un verdadero escándalo.

Resulta incomprensible la defensa que hace el secretario de Estado de Interior y Policía de los agentes policiales que mataron Cecilio Díaz y William de Jesús Batista Checo, presuntos secuestradores del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez.

Esos agentes dieron muerte a Díaz y a Batista Checo luego de tenerlos presos y debidamente reducidos a la obediencia, y no había ninguna necesidad ni justificación para asesinarlos.

Hace mal el secretario de Interior cuando resta valor al informe elaborado por la Comisión de la Procuraduría General de la República, que investigó las dos muertes, y que sostiene que en este caso la Policía Nacional mintió y ocultó información al Ministerio Público.

Es particularmente preocupante lo revelado por los investigadores de la Procuraduría al establecer que los policías ocultaron los hechos al Ministerio Público y mintieron, al afirmar que les ocuparon a los presuntos secuestradores dos pistolas, una Browning, 9 milímetros, No. 245PN66646, y la otra de marca y numeración no visibles.

Los investigadores determinaron que esas armas son una “evidencia contaminada y, luego de practicarles una experticia, descartaron que fueran ocupadas a Díaz y Batista Checo. Encontraron, además, pruebas sanguíneas que demuestran que Batista Checo no murió junto con Díaz en el supuesto intercambio de disparos. Incluso los medios han publicado fotografías de Batista Checo preso cuando era conducido por los policías, lo que echa por tierra el socorrido argumento del intercambio de disparos.

“Eso constituye una inventiva de parte de los miembros de la patrulla policial para poder quedar exonerados de responsabilidad”, sostiene el informe.

Los funcionarios gubernamentales, antes que defender este tipo de actuación de la Policía Nacional, debían de ser los primeros en condenarla y denunciarla. A menos que hayamos renunciado a ser un país civilizado y decidido retornar a la barbarie y a la caverna.