Editoriales: Principales períodicos matutinos dominicanos.

El mismo lobo con otra careta

Este socialismo del siglo XXI, por lo visto, no tiene mucha diferencia del anterior. En lo único que cambia es en el siglo, más no en sus objetivos de limitación de todas las libertades.

Los gobiernos que se han puesto este mote se creen con carta blanca para restringir la libertad de prensa, recurriendo a medidas directas y desembozadas, como está ocurriendo ahora en Ecuador.

La nueva ley de comunicación tiene el propósito de crear un estado de censura gubernamental que limitará fuertemente el ejercicio del periodismo crítico e investigativo. Pero su primer efecto es intimidar a los medios, procurando que se sometan a la voluntad y a los caprichos de los que ejercen el poder.

En estos países se redistribuyen las licencias de radio y televisión entre organizaciones no gubernamentales francamente adeptas al Gobierno, creando así la falsa imagen de una “democratización” mediática, se insulta a los periodistas, se discrimina publicitariamente a los medios y se pone en marcha toda una estrategia destinada a poner de rodillas a la prensa independiente.

Primer paso, clásico, para el ahogamiento de las demás libertades que se han alcanzado dentro de una democracia que les sirve de plataforma para todos sus desmanes.

Editorial

Células vitales de tejido económico

Las micro, pequeñas y medianas empresas juegan un papel de primer orden en la economía. Entre sus aportes más importantes están la generación de empleo y su peso específico en el PIB, que en ocasiones, como por ejemplo en el 2007, se ha aproximado bastante a un tercio del mismo. Como en un cuerpo viviente cualquiera, las micro, pequeñas y medianas empresas son células vitales en el tejido de la macroeconomía.

Pero las mipymes, por tradición, son las unidades con más dificultades financieras. Su acceso al crédito de la banca comercial es difícil y tortuoso, sujeto a condiciones muy rigurosas. De ahí que haya programas oficiales especializados para abrirles acceso a financiamiento bajo condiciones más cómodas y blandas que las de la banca comercial formal. Ese es, por ejemplo, el caso del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

Si hay algo difícil de comprender es que se haya elaborado para 2010 un plan de contingencia para la reactivación de la economía sin proveer en el presupuesto recursos extraordinarios para apoyar a estas unidades de producción a través del Promipyme. Y menos se comprende esta exclusión porque viene a ocurrir en momentos en que, inclusive, sectores han pedido que el 2010 sea declarado “Año de las mipymes”.

Autogestión digna de imitar

Entre los barrios Guachupita y María Auxiliadora han sido erigidas obras valoradas en unos 400,000 pesos que solucionan problemas comunes a ambos sectores. La particularidad es que estas obras no las ha hecho el Gobierno Central ni el ayuntamiento correspondiente. Se trata de soluciones de autogestión aportadas por organizaciones que componen la Fundación Comunitaria para el Saneamiento Ambiental de La Ciénega, Los Guandules, Guachupita y el Barrio 27 de Febrero.

Pero las obras citadas son solo una parte del inventario de realizaciones. En seis meses, esta fundación ya ha erigido soluciones comunitarias valoradas en RD$3.5 millones, que mejoran el entorno ambiental de los sectores beneficiados. La fundación recoge la basura de los barrios amparados en el programa de saneamiento y el Ayuntamiento del Distrito Nacional les paga por esa tarea. Es un ejemplo de esfuerzo comunitario digno de ser imitado

Ed. - Giros de la historia

Los dominicanos hemos vivido tradicionalmente de espaldas a lo que ocurre en el mundo, como si nada nos fuera a afectar y tampoco necesitáramos nada de afuera. Eso nos ha hecho perder grandes oportunidades.

En estos momentos, muchos países cercanos están amenazados por sus problemas internos y sus grandes capitalistas buscan dónde invertir en el extranjero los recursos que ya no están seguros en sus naciones.

Esta es una oportunidad de oro para promover el empleo, para aumentar nuestras exportaciones y para adquirir el know how imprescindible para competir en el mundo de hoy. Pero no hacemos caso.

Los organismos estatales que se encargan de la promoción de las inversiones se desgañitan llamando la atención, pero los empresarios dominicanos parecen ser autárquicos: no quieren socios. Parecen estar cómodos con la situación actual, o se sienten inseguros. Cualquiera que sea la actitud es muy peligrosa.

EDITORIAL

Siempre vale la pena

Las constantes denuncias de figuras políticas vinculadas al narcotráfico están rindiendo sus frutos. Los partidos están reaccionando, y lo están haciendo desde su cúpula política como desde el ámbito de los aspirantes que se sienten en desventaja con las fortunas que impiden ganar los procesos internos y las elecciones.

Las presiones sociales en ese sentido han valido la pena, pues ya se tienen resultados positivos. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó las inscripciones de 22 aspirantes para este proceso interno para las elecciones congresuales y municipales del año que viene, por tener antecedentes judiciales, relación con el lavado y el tráfico de drogas.

Esa decisión fue ratificada por el Comité Político del PLD, una forma de no dejar dudas sobre su postura frente a ese tema. Lo cierto es que el país está ampliamente contaminado de dinero procedente del narcotráfico, tanto que ya procura no sólo protección de los sectores del poder, sino que quiere entrar a ser parte del poder mismo.

Y lo cierto es que mucha gente que opera con los negocios del bajo mundo ha ganado mucho espacio e influencia en instancias de poder, ya sea militar, policial, político, económico y judicial. Es como decir que están vinculados a todos los sectores más importantes de la sociedad dominicana. Su ramificación por los sectores populares ha tenido un crecimiento espantoso, incluso en los lugares más apartados.

El legislador Julio Romero ha desistido de sus aspiraciones para aclarar su situación, al ser acusado de violación y de vinculación con el narcotráfico. Lo ha hecho después de que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene un informe de una comisión designada a tal efecto

Un ejemplo

Hoy más que en ninguna otra época y debido a los desafíos de la globalización y de la competitividad, las empresas, las organizaciones y los países tienen que guiar su visión de desarrollo no sobre improvisaciones o corazonadas, sino en planes estratégicos que sean el resultado de análisis sopesados.
Por racional, inteligente y provechosa, esta pauta debe regir por igual a los gobiernos municipales y a las administraciones provinciales, identificando líneas maestras con tal finalidad y coordinando estrategias para la ejecución.

Por esas razones, hay que saludar la proyección positiva del acuerdo mediante el cual el Banco Popular Dominicano y el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (Pedepe) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional.

Mediante el acuerdo, que se enmarca dentro de la filosofía de responsabilidad social corporativa de la entidad financiera, se formaliza el respaldo del Popular para el avance y fortalecimiento de ese programa estratégico.

Los alcances de esta iniciativa no serán limitativos sino trascendentes, en vista de que la experiencia y los logros se aplicarán como modelos para la creación de planes de desarrollo en las demás provincias del país.

Editorial

Sabia decisión de los partidos

Los dos principales partidos políticos han mandado señales claras de que han asumido el compromiso de presentarle al electorado candidatos a cargos congresionales y municipales libres de sospechas sobre relación con intereses no muy claros.

Los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano han objetado las inscripciones en sus respectivos procesos internos de algo más de un centenar de precandidatos, entre las dos organizaciones, en un inédito ejercicio de depuración previa para evitar así que lleguen al Congreso y a los ayuntamientos personas sobre las que pesan sospechas legítimas.

Los partidos, en un ejercicio de diplomacia interna, han preferido no dar nombres y hasta darles la opción de que ellos mismos se retiren. Han hecho bien en no llevarse del cómplice emplazamiento de que tal o cual persona no tiene procesos judiciales abiertos o que no hay condenas en contra de ellos.

Sólo como ejemplo, cuando Pablo Escobar escaló al Congreso Nacional en Colombia no tenía ninguna condena (es decir que técnicamente sobre él no pesaba ninguna culpa), pero todos sabían que se trataba de un narcotraficante de alto nivel.

Los que se hicieron de la vista gorda en ese momento se hicieron cómplices de la guerra que luego se desató y de la muerte de otros políticos que como Luis Carlos Galán decidieron enfrentar esa ignominia.

Hacen bien el PLD y el PRD en tomar medidas preventivas para evitar que en sus boletas electorales vayan personas que pudieran constituirse en brazos del bajo mundo en el Congreso y los ayuntamientos.

No hay que esperar condenas de los tribunales para saber que una persona tiene vinculaciones con el bajo mundo.

Editorial
Política criminal y fragilidad institucional

Se exagera en la persecución de Sobeida Féliz. Lo peor es que no tenemos una política criminal que coordine a las unidades de persecución del crimen.

Sobeida Féliz es un desafío para las autoridades. Todos los órganos judiciales, policiales y militares la persiguen. Todos los recursos del Estado están tras ella. Alguien con poder y capacidad logística la ayudó a hacerse invisible, dentro o fuera del país.

Su búsqueda parece exagerada, lo mismo que el interés mediático que se ha producido. Una jueza es investigada porque aplicó en forma laxa el Código Procesal Penal, y ahora se pone en entredicho al sistema judicial. El Ministerio Público tardó tres semanas en pedir impedimento de salida del país.

Sobeida era objeto de una investigación mayor y por su propio bien debió quedarse en prisión, para su particular seguridad. Las autoridades lo sabían, porque la investigaban en relación con lavado de activos.

Todos los organismos de seguridad sufrieron la fuga del principal acusado, José Figueroa Agosto, quien ya había escapado de una prisión en Puerto Rico. En el país operaba con bastante libertad y relaciones, y hasta puede haber real izado inversiones en el terreno político. Eso pocas veces se sabe o se dice.

¿Es Sobeida el escalón para llegar hasta Figueroa Agosto? ¿Por qué no se habla de la persecución al principal imputado de ser el dueño de los US$4.6 millones hallados en una yipeta? ¿No es Figueroa Agosto el propietario de los dos apartamentos de la avenida México? ¿De qué se acusará finalmente a Sobeida? ¿De Lavado, fraude al fisco, crimen organizado, asociación de malhechores? ¿No es eso lo que tenemos a diario en el país, con políticos incluidos?

El presidente Fernández se quejó de las fallas de los mecanismos de persecución del crimen, y tiene razón. Una parte de esos mecanismos dependen del Poder Ejecutivo. Otros del Poder Judicial. Y la pregunta no podría ser más oportuna: ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Sobeida y otros fraudes y crímenes, incluso el de Quirino Paulino Castillo?

El caso de Quirino lo enviamos a los EEUU y renunciamos a juzgarlo en el país. Sus familiares fueron enviados al exterior, protegidos por un programa especial del gobierno norteamericano, y a cambio -hasta ahora- la República Dominicana no ha recibido ningún beneficio para fortalecer su combate al narcotráfico, porque lo único que le han entregado son US$14 millones incautados a Quirino. Y talvez termine ocurriendo igual con el caso Sobeida-Figuero Agosto. Y todo por nuestra debilidad institucional.