Editoriales principales períodicos matutinos dominicano.

La SIP pone el ojo sobre nosotros

BUENOS AIRES.- La Sociedad Interamericana de Prensa ha hecho suya la preocupación que existe entre los medios de comunicación dominicanos por los intentos de modificar la ley de acceso a la información pública para introducirle restricciones.

En el informe final de su 65va asamblea general, reunida en Buenos Aires, ha dirigido un reclamo directo al Congreso para que mantenga la vigencia de esta ley, una de las reales garantías para fomentar la transparencia y la información fluida de todo cuanto se maneja en el ámbito público.

En concreto, la SIP pide “dejar de lado una propuesta de reforma que limitaría el acceso a información de interés general”, refiriéndose a la iniciativa del diputado Alfonso Crisóstomo, en la que entre otros aspectos consagraría una cláusula sobre “información veraz” que abre puertas para una limitación a los alcances de esa ley.

La sociedad tiene, en esa herramienta, una ventana abierta para escudriñar los asuntos que suscitan su interés, tanto aquellos que se refieren al manejo de los dineros públicos como los que describen los contenidos de acuerdos, concesiones, tratados y otras operaciones que envuelven a las instituciones del Estado dominicano.

La preocupación por esas enmiendas propuestas, como se puede apreciar ahora, no sólo se constriñen al ámbito nacional, sino que ya forma parte de las inquietudes que tiene la SIP sobre el futuro del ejercicio de la libertad de expresión en las Américas, lo que indica que muchos ojos están puestos sobre el destino de esa iniciativa tan inoportuna como innecesaria.

Crimen ecológico en las dunas

La tala de árboles, extracción de arena y apropiación de terrenos se da con toda libertad en Las Calderas, Baní. El “Monumento Natural Félix Servio Ducoudray”, o Las Dunas de Baní, como también se le conoce, está siendo depredado por gente que no encuentra obstáculos para su destructiva tarea. La condición de área protegida que se ha atribuido a esta reserva natural ha dejado de tener el efecto protector que corresponde en estos casos.

Las huellas del crimen ecológico están expuestas claramente en un reportaje publicado por este diario en su edición de ayer martes. Nadie nos puede venir a decir que el reportero autor de este trabajo ha tenido el privilegio o la pena de ver lo que no han podido o querido ver las autoridades de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿De qué está protegida esta área, si es posible tanta destrucción impune?

Guayacanes y otros árboles endémicos talados allí son difíciles de reponer. La violencia del desmonte no da lugar a reposición. Esa vegetación permitió alguna vez que prosperara la apicultura, de la que vivieron muchas familias. Ya ese medio de sustento no existe y pronto, si no se actúa oportunamente, pasará lo mismo con los árboles. La fauna, también endémica, sucumbe. Nadie con autoridad ve este crimen ecológico.

Castigo para esa agresión

La autoridad judicial de Puerto Plata tiene en sus hombros la responsabilidad de impedir que quede impune la agresión de que fueron objeto los camarógrafos Luis Manuel Báez, de Telesistema Canal 11 y César Santos, de CDN, así como el chofer Juan Disla. Fueron atacados por un grupo de personas armadas de pistolas, garrotes y piedras que dicen ser propietarias de unos terrenos donde el 24 de septiembre fueron incendiadas varias viviendas de campesinos que ocupan los predios.

La agresión contra los camarógrafos y el chofer ya tenía como antecedente la quema de varias viviendas en un intento de desalojo no autorizado por la justicia. La autoridad judicial no puede pasar por alto que los reporteros fueron atacados cuando ejercían una función protegida por la ley. La constitución en turba, las agresiones físicas y la destrucción de propiedades son actos con penas previstas en nuestros códigos. Que la Justicia haga su papel

Ed.-Conpenhague

La capital danesa acogerá del 7 al 18 de diciembre la Cumbre del Clima, que en opinión de los expertos, puede ser la última oportunidad para lograr acuerdos que frenen el cambio climático, al ritmo que va ahora.O por lo menos, sus consecuencias más drásticas.

La República Dominicana, por su condición insular, se juega mucho en este tema, que no es un asunto de meteorólogos. El cambio climático es un tema de turismo y minería, de agricultura y agua potable, de biodiversidad. De desarrollo y por lo tanto de supervivencia.A poco menos de un mes de esta Cumbre, no se conoce realmente cuál es la postura del Gobierno dominicano. Quién nos representará, qué llevará o con quién se alineará.

Cuáles son las preocupaciones oficiales al respecto y cuáles, sus propuestas de acción.De Copenhague saldrán acuerdos que a partir de 2012 sustituirán a los de Kyoto, de tan relativo éxito. Para la República Dominicana esta puede ser una nueva ocasión de encabezar el liderazgo regional. En ese foro, el país debe hablar

EDITORIAL


Nuestras debilidades

Ahora se anuncia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia somete a la juez Rosanna Vásquez a una investigación por su controversial decisión de conceder la libertad bajo garantía económica a Sobeida Félix Morel, acusada en un expediente de narcotráfico.

La magistrada del Séptimo Juzgado de la Instrucción cambió una medida de coerción que se había dictado contra la acusada, quien ahora ha sido declarada en fuga al no presentarse a firmar el libro en la Fiscalía del Distrito Nacional, además de no aparecer en la dirección que declaró al tribunal.

Desde el principio la decisión de la juez resultó sorprendente y controversial debido a la complejidad del expediente de narcotráfico que se abría con ella. Su desaparición ha traído incluso la hipótesis de que siendo una pieza clave de un rompecabezas su puesta en libertad era un riesgo desde cualquier punto de vista.

Muchas han sido las personas puestas en libertad bajo garantía económica que la población ha rechazado, sin que hasta ahora haya pasado nada. Sin embargo, el escándalo público lleva a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ordenar la investigación encabezada por el mismo presidente del tribunal supremo del país.

El problema de nuestras instancias públicas es que sólo reaccionan ante los escándalos públicos. Es decir, cuando los casos se convierten en un conflicto para su propia imagen, y no para lograr una metodología de trabajo que sistematice los criterios para manejar situaciones tan controversiales como las que suponen bregar con delincuentes y crímenes.

Es probable que este caso, sin embargo, sirva para algo bueno, y es hacer cambiar esa actitud que muestran nuestras instancias públicas para cumplir sus responsabilidades

Intolerancia

gobiernos del hemisferio que llegaron al poder a través del voto popular y con el compromiso de defender las libertades públicas y los derechos ciudadanos, que tienen precisamente su fundamento en el ejercicio pleno de esas esenciales prerrogativas.

La situación no es nueva, ya que se había puesto en evidencia a través de varias iniciativas que pretenden ser presentadas como justicieras conquistas legales, pero su peligrosidad y carácter grotesco fueron subrayadas con claridad meridiana en Buenos Aires, Argentina, en la 65ª Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Gran parte de los debates giraron en torno a cómo el poder de los Kirchner se ha vuelto una seria amenaza para el periodismo libre en Argentina con una ley de medios audiovisuales que atenta contra las organizaciones periodísticas independientes.

Los principales periódicos argentinos, Clarín y La Prensa, están sometidos a un acoso permanente, ahora por medio de bloqueos protagonizados por grupos sindicales afines al gobierno, mientras en las avenidas de Buenos Aires se exhibían letreros lumínicos con la ofensiva y hostil consigna: “Un zapatazo a la SIP”.

En Ecuador, el presidente Correa se ha convertido en un acérrimo enemigo de la prensa, a la que frecuentemente se refiere con denuestos, mientras impulsa una monstruosa y sin precedente ley para condicionar la operación de los periódicos a una ley que obligaría a obtener una licencia que podría ser revocada por las autoridades.

Replicando prácticas contrarias al libre juego de las ideas que se han manifestado con mayor crudeza y de forma sistemática en el régimen del presidente Hugo Chávez en Venezuela, en Nicaragua, Brasil y otras naciones del continente, medios y periodistas están sometidos a tensiones, amenazas y mecanismos de censura y autocensura.

En consecuencia, una vez más es imperativo plantear, pero no solo de palabra, sino con acciones concretas, el lema tantas veces invocado en la SIP, de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia