Editorial: Principales Períodicos Dominicanos

Los Haitises, sin dolientes

El arresto de grupos de más de 100 haitianos talando árboles en Los Haitises, en poco menos de un mes, da una señal de la vulnerabilidad de esa zona ante estas incursiones depredadoras.

Se tenía la impresión de que, con el montaje de una gran campaña para la protección de los recursos de esa reserva natural, estos casos no habrían de repetirse.

Pero, de hecho, continúan y lo peor es que a nadie parece interesarle ahora el destino de esta importantísima reserva ni de otras que, como la de la sierra de Bahoruco, siguen expuestas a un intenso proceso que puede desembocar en más desertificación, como ha ocurrido en Haití.

Hablar de esta dramática situación es como mencionar una mala palabra o como incurrir en una ofensa contra los haitianos, cuando en realidad se trata de una sistemática e impune depredación de los recursos naturales de esta parte de la isla, con serios riesgos para el futuro de nuestro medio ambiente.

Si las autoridades, chantajeadas por unos “ecologistas de ocasión” que supuestamente son sensibles ante los ataques contra la naturaleza, pero que han escondido la cabeza como el avestruz con la depredación rampante en las reservas de la frontera y Los Haitises, se paralizan y cierran los ojos ante este progresivo e imparable deterioro, lamentaremos en un futuro no muy lejano sus terribles consecuencias.

Ojalá que no sea tarde para reaccionar.

Editoria

23 Noviembre 2009, 9:51 PM

Haitianos en Los Haitises

¿Cómo explicar la persistente presencia de haitianos en Los Haitises? ¿Cómo se las arreglan para volver allí, si han sido desalojados? A esta pregunta obliga la información dada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarena), según la cual decenas de haitianos fueron arrestados y sometidos a la Justicia por quemar bosques en esa área que tiene denominación de “protegida”.

La reincidencia de los haitianos en la depredación de bosques en Los Haitises solo tiene como explicación la indudable falta de vigilancia de esta zona tan sensible de nuestro ecosistema, y la posible complicidad de gente que debe impedir esa presencia destructiva. Parecería que deberíamos alegrarnos por la información sobre el sometimiento de este grupo de haitianos, pero no podemos evitar la suspicacia.

Algo está fallando en la vigilancia de nuestras áreas protegidas y reservas. Hace poco Semarena informó del desalojo de haitianos y dominicanos que talaban árboles y producían carbón en Los Haitises, y ya estamos hablando de reincidencia en la misma práctica. Si no hay un esfuerzo serio por cortar las rutas de acceso de los depredadores a las áreas protegidas, pronto tendremos lomas y valles calvos, y a seguidas la extinción de ríos y arroyos. La vigilancia tiene que ser permanente.

¿Desorden de prioridades?

A juzgar por las quejas del síndico de El Seybo, Reynaldo Valera, en su demarcación la reparación de la infraestructura vial ha obedecido a un desorden de prioridades. Al realizar los trabajos -siempre acogiendo las quejas- el Gobierno pasó por alto el problema de la falta de drenaje sanitario que afecta a esa comunidad. No se pensó en la planta de tratamiento de aguas residuales, que no funciona desde hace 20 años, ni en la contaminación del río Seybo por el vertido de las mismas.

En buena lógica, este tipo de obras tiene que tener en cuenta las partes que deben ir bajo superficie antes de proceder a la pavimentación. Ahora bien, si la lógica seguida es politiquera o clientelista, entonces vale el desorden de prioridades, como parece ser el caso. Las obras fueron inauguradas el sábado por el Presidente Leonel Fernández. Alguna vez habrá que destruir lo hecho para enterrar tuberías de drenaje, gracias, por supuesto, al desorden de prioridades.

Ed. - Impunidad

"Mal de raíces hondas", lo llamaba Miguel Ángel Monclús y es el fruto de unas instituciones que le ven la cara a la gente antes de proceder; que se fijan en la cartera antes de actuar y que respetan rangos y blasones.

En otros tiempos, la impunidad era para los grandes, los de sonoro apellido y gran peso social y económico. Esos grandes abjuraban de la política que, sin embargo, controlaban.

Hoy, la impunidad se viste de político, de oficial de los cuerpos armados, de autoridades gubernamentales y de cualquiera que tenga la cartera lo suficientemente gorda como para comprarla, porque ahora, la impunidad es hija del mercado: se compra y se vende al mejor postor.

En otros tiempos se notaba menos porque muchos crímenes no salían del ámbito de la hacienda familiar o del pequeño pueblo y bastaba con enviar fuera del país al acusado. Ahora, --y es lo que duele- se sabe todo, excepto lo necesario para que las autoridades no actúen y dejen pasar el tiempo que lo borra. Es, en verdad, un mal de raíces hondas.

Editorial

23/11/2009

Dar el paso

Cada vez más las direcciones de los partidos políticos asumen una mayor discrecionalidad en el manejo de esas organizaciones. Esa realidad las hace obviamente menos democráticas, pese a que vivimos en un mundo que reclama más libertad y garantías de derechos.

Es importante que las organizaciones llamadas a dirigir las instituciones del Estado y por tanto al país provengan de entidades democráticas, acostumbradas a tener responsabilidades sobre las que tienen que responder.

La República Dominicana tiene muchas leyes y aún sigue haciendo muchas más. Desde el punto de vista jurídico se podría afirmar que esas leyes están conceptualmente bien concebidas, aunque para una sociedad que no tiene el hábito de la ley como norma fundamental para su comportamiento social.
Lo último que hemos hecho es una nueva reforma constitucional que espera por su proclamación. Aunque muchos creen que se trata de un retroceso en algunos aspectos, esas reformas amplían las libertades en el país. Esto traerá también otras normas que son esenciales para que podamos avanzar. Por ejemplo, está pendiente una ley para regular la dinámica de los partidos políticos.

Es sumamente importante que esa ley cuando se haga no refleje el actual nivel de discrecionalidad con que se manejan los partidos políticos. Si fuera así no tendría sentido instituir procedimientos nada democráticos para conducir las organizaciones políticas llamadas a dirigir las entidades públicas.

Y no será una tarea fácil de evitar, pues son justamente las direcciones de los partidos políticos los que negocian esas reformas y los que las aprueban en el Congreso Nacional. Necesitamos dar el paso para crear partidos políticos democráticos, que observen los procedimientos.

Esos “rebeldes”

24 de Nov 2009 12:00 AM

Es realmente alarmante que entre enero y octubre de este año por lo menos 1,350 personas hayan logrado burlar la acción de la justicia dando direcciones falsas y cambiando de domicilio.

Que la denominada práctica de rebeldía se haya convertido en algo cotidiano debe ser motivo de preocupación no solo para las autoridades judiciales sino para la sociedad en general.

Además de que estos casos entrañan una grave anomalía, lo más preocupante es que el 70 por ciento de los prófugos está implicado en tráfico y consumo de drogas.

El abanico de actos delictivos y violaciones a la ley es bien amplio, ya que muchos de estos “rebeldes” tienen cuentas pendientes por robos, violencias de género y distintas falsificaciones.

Hay un sinnúmero de circunstancias que facilitan a estos sujetos evadir la acción de la justicia y que no entraña necesariamente dejadez de parte del Ministerio Público, aunque sí la existencia de debilidades que deben ser corregidas.

Por ejemplo, el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, ha explicado que algunos delincuentes juveniles no poseen cédulas y cuando son detenidos ofrecen cualquier nombre.

En esa demarcación, que tiene uno de los mayores índices de delincuencia del país, se aplica una norma de que los casos hay que tratarlos conforme a su naturaleza y con el cuidado de lugar, porque casi siempre existe el peligro de fuga.

A pesar de este método, el alto número de “rebeldes” indica que el procedimiento debe ser aun más estricto para evitar que tantos imputados puedan burlar los criterios de oportunidad que aplican las autoridades judiciales y el Ministerio Público.

Esta situación tiene otras implicaciones igualmente graves porque dificulta la labor de la Policía, al no ser informada de la puesta en libertad de estos delincuentes, que vuelven a las andadas, mientras aumentan las presiones por la inseguridad ciudadana y la incidencia del crimen.

Editorial

Los culpables

23 Noviembre 2009, 11:00 AM

El Gobierno ha tirado en los últimos siete años por el barril sin fondo del subsidio eléctrico casi 150 mil millones de pesos, sin que ese sector haya mudado un paso hacia adelante.

Hay que imaginarse el impacto sobre la calidad de vida del dominicano si tanto dinero hubiese sido dirigido a los sectores educación, salud o a obras de infraestructura.
El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), licenciado Celso Marranzini, culpa a toda la sociedad por la dilatada crisis energética que ha consumido gran parte de la renta nacional para sólo promover más pobreza.

Por los ejemplos que expone, de una torre de apartamentos que llevaba ocho años con una conexión ilegal y de un club social, al que culpa de la muerte de un obrero electrocutado al que encomendó realizar una conexión fraudulenta, tal parece que al ingeniero Marranzini le asiste toda la razón.

También citó a los medios de comunicación, pero a ninguno identificó. Sin embargo es de justicia aclarar que entre esos medios no hay ninguno del Grupo Corripio, que están todos al día en el pago de la facturación eléctrica.

El robo de energía eléctrica puede ser causa principal de que el Gobierno haya tirado cuatro mil millones de dólares por las alcantarillas de los subsidios, por lo que es válido que los defraudadores sean identificados y sometidos a la justicia.

Además de empresarios, políticos, medios de comunicación, militares, iglesias y sociedad civil, el ingeniero Marranzini debería incluir entre los culpables de la desgracia a propios intervinientes en la industria eléctrica, que han sido destinatarios de la gran rentabilidad que producen esas enormes transferencias presupuestarias obtenidas al vender vender energía a sobreprecio o en condiciones ventajosas que propician contratos onerosos. Que se diga toda la verdad.

Editorial

23 Noviembre 2009, 9:02 PM

Concienciación ecológica

Una isla como la que comparten Haití y la República Dominicana está sometida constantemente a múltiples agresiones, individuales y de colectivos sociales, que presionados por la ley de la vida atentan contra su ecología.

La destrucción ecológica continental y la destrucción ecológica en una isla se manifiestan de diferentes formas. Son dos formas agresivas, pero en una isla los recursos naturales son menos y todo el sistema puede entrar en crisis de manera más acelerada.
La explotación de los ríos, la caza indiscriminada, la tala de árboles y, el más recurrido, de cinco años a esta parte: la fabricación masiva de carbón en áreas correspondientes al Parque Nacional Sierra de Bahoruco son, a corto plazo, una seria amenaza para el país, la isla y la región, ya que no estamos solos, formamos parte de una familia de islas que, ecológicamente, tienen un tronco común.
El daño a una isla se traslada automáticamente a las demás islas mayores y menores del sistema conocido como Antillas mayores y menores.
En silencio se está produciendo una asociación de situaciones que apuntan a la agudización del problema.
La fragilidad de nuestra frontera con Haití es el más grave de todos, ya que produce una inmigración fuera de control que se instala en el país y asesina nuestros campos y bosques.
Hay que insistir en una campaña de concienciación contra prácticas bárbaras en zonas protegidas.
Hay que fortalecer los acuerdos fronterizos.

El sistema ecológico de la isla está seriamente amenazado. La pobreza del presente, si no se corrige a tiempo, se podría convertir en la causa de nuestra miseria ecológica, al correr del presente siglo, dentro de varios años. Podemos impedirlo. Estamos a tiempo.

Editorial

La fiebre de muerte en los agentes policiales

La primera vez que se divulgó la información, el 19 de octubre, resultó poco creíble, por ser tan horrorosa.

martes, 24 de noviembre de 2009, 01:00 a.m

De nuevo se repite la historia: Agentes de la Policía Nacional son señalados como responsables de ejecutar a un joven que se encontraba recibiendo atenciones médicas en un hospital. La primera vez, este año, ocurrió en San Cristóbal, y la segunda en Villa Consuelo, Distrito Nacional.

Se trata de un acto cruel, un crimen deliberado y una saña bestial que agentes policiales acudan a los centros de salud a buscar personas, delincuentes o no, para terminar con sus vidas, en una labor que no pudo ser concluida en un “intercambio de disparos”.

La primera vez que se divulgó la información, el 19 de octubre, resultó poco creíble, por ser tan horrorosa.

“SAN CRISTOBAL.-Una patrulla mató a tiros el sábado dentro de la sala de emergencias de un hospital de Palenque a Lisandro Cuevas Ferreras, un joven de 23 años, que fue llevado al centro de salud tras ser herido por los agentes durante un desalojo.

Cuevas Ferreras fue baleado por la espalda por un agente en presencia de su madre que lo había llevado al hospital Tomasina Valdez, en Palenque, San Cristóbal”.

Esa nota periodística pasó como una más. La Policía Nacional acostumbra decir que las muertes se producen como consecuencias de los ataques que reciben sus agentes, que son repelidos a tiros. Esto ocasiona los intercambios de disparos, en los que generalmente mueren los buscados por la PN.

Este lunes se informó de otro caso parecido. Anderson Rafael Portorreal, de 19 años, recién operado del colon, murió acribillado a balazos frente al hospital de Los Billeteros en Villa Consuelo. Iba con su madre y murió en brazos de ésta. Recibió heridas en la cabeza, el pecho y el vientre. Los padres del joven dicen que fueron seis los agentes policiales que cometieron la osadía de poner fin a la vida de un joven. Estaba acusado de herir a su novia con un arma de fuego ilegal.

¿Para qué existen los tribunales de justicia, si la Policía Nacional en vez de apresar y enviar a la justicia a los presuntos o reales delincuentes, los ejecuta abiertamente? ¿Qué es lo que ha pasado con las autoridades del país, que permiten crímenes como estos sin aplicar sanciones a los más altos niveles de la Policía Nacional? ¿Dónde se encuentra el respeto a la ley, el derecho a la vida, el derecho a ser juzgado que tienen los ciudadanos que cometen delitos, si son ejecutados por jueces gatilleros vestidos de policías?

Esos métodos han demostrado con creces que no son los más efectivos para detener la ola delincuencial. Mientras más delincuentes son muertos por la policía, parece que muchos más salen a las calles.

El Estado está compelido a cambiar sus métodos para manejar, controlar y reducir la delincuencia. La fiebre no está en la sábana. Hay que ver el cuerpo del enfermo.