Editoriales: Principales períodicos matutinos dominicanos.

Burlas ha habido muchas

Reflejando la indignación nacional, el presidente Leonel Fernández ha reaccionado con firmeza ante la burla que representa para la sociedad la fuga de dos acusados de lavado de activos y narcotráfico.

Ha solicitado a todos los organismos que persigan activamente a los fugados y que, una vez atrapados, vuelvan al ámbito de la justicia a rendir cuentas de las acusaciones que pesan en su contra.

No es esta la única burla que ha soportado la sociedad frente a los delincuentes. Ya casi nos acostumbramos a observar a unos jueces que se ven compelidos, por virtud del cuestionado Código Procesal Penal, a soltar a rufianes atrapados con las manos en las masas en variedad de delitos, no importa la gravedad de las faltas.

Una de las grandes burlas que padece la sociedad, y eso debe constarle al Gobierno, es el estado de inhibición al que ya se han resignado los ciudadanos cuando dejan de denunciar ante la justicia a sus victimarios, por desconfianza en el mecanismo penal vigente.

Así como los dos fugados se han beneficiado de este estado de indulgencia insólito, así otros tantos delincuentes se han burlado de la sociedad saliendo a las calles a reincidir en sus delitos, y nunca hasta ahora se había producido una respuesta del calibre de la que ha dado el Presidente para parar en seco este relajo.

Es bueno que el Presidente sintonice con las crecientes preocupaciones de una sociedad que prácticamente se ha cansado de gritar para que modifiquen el Código, y para que las autoridades sean más drásticas con aquellos servidores públicos -sean civiles o militares- que actúan en contubernio con los narcotraficantes o los delincuentes de toda laya

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Editorial


Nunca es demasiado tarde

El Presidente Leonel Fernández ha juzgado como una burla para la sociedad dominicana, la fuga del boricua José Figueroa Agosto y de Sobeida Félix Morel, ambos vinculados en un expediente de narcotráfico y lavado de activos. El primero evadió una persecución de agentes antinarcóticos y se esfumó, y la mujer fue libertada por una juez bajo pago de fianza, y también se le ha escurrido a las autoridades.

La orden de intensificar la búsqueda de esas personas, dada por el Presidente Fernández a los jerarcas militares, policial, del Ministerio Público y otras áreas podría ser una reacción tardía, pero innegablemente útil. Es evidente que en el caso de Félix Morel no se habilitaron medios de seguimiento que permitieran conocer en todo momento su paradero. Nadie asume la responsabilidad de no haber dispuesto, oportunamente y como era de rigor, impedimento de salida del territorio nacional. Los engranajes de procedimiento no estuvieron debidamente sincronizados.

¿Deliberadamente o por descuido?

El comentario del Presidente encierra una gran verdad. La sociedad dominicana ha vivido de burla en burla, no sólo en el caso que ha motivado su queja. Nunca es demasiado tarde para reconocerlo y actuar en consecuencia. Ojalá este sea el inicio de una profilaxis para un rescate de la ética a todo nivel.

Relevo de mandos en CMD

El resultado de las elecciones del Colegio Médico Dominicano (CMD) provoca un relevo de personas en los mandos, con garantías de que la lucha por reivindicaciones no flaqueará. El propio ganador, el doctor Senén Caba, declaró que ganó con el respaldo del Partido Revolucionario Dominicano, mientras que la fórmula apoyada por el oficialismo y encarnada por el doctor Enriquillo Matos ha reconocido su derrota y ha expuesto la decisión de alejarse del trajín gremial.

La lucha por reivindicaciones para los médicos ha sido radical bajo el mandato del doctor Waldo Ariel Suero. Lo deseable es que la nueva directiva, sin desmayar en los reclamos, evite en todo lo posible recurrir a métodos que perjudiquen los servicios hospitalarios a que tienen acceso los más pobres. La nueva directiva del CMD y el Gobierno deben buscar puntos de avenencia para analizar demandas económicas y las posibilidades de satisfacerlas.

Ed.-Jueces y fianzas

Si es cierto que los jueces se negarán a admitir solicitudes de fianza a ciertos tipos de acusados, están cometiendo un error y una falta grave en el desempeño de sus funciones.

Los jueces tienen que resistir las presiones.

Lo que no pueden hacer -y por eso las críticas tienen fundamento en muchos casos- es otorgar las fianzas y las medidas de coerción de una forma que no obedezca a criterios razonables.

La fianza es un beneficio, pero al otorgarla, el juez tiene que aquilatar el principio de la libertad y de la inocencia frente a otros valores como la peligrosidad del imputado, la naturaleza del crimen cometido y la lesión que haya recibido la sociedad con el mismo. Esa es la labor del juez: evaluar todas las circunstancias del caso para impartir verdaderamente justicia.

La gente sospecha, con razón, por la facilidad con que los acusados de narcotráfico reciben tratamiento benigno, cuando todo el mundo sabe, incluidos los jueces, los peligros de fuga, de manipulación de pruebas y hasta de muerte en estos casos. No hay excusa

EDITORIAL
Nuestra edificación

Una democracia tiene la responsabilidad de edificar una estructura capaz de garantizar la paz y el progreso, respetando derechos, pero sobre todo haciendo cumplir las leyes y nuestras responsabilidades sociales.

La práctica del crimen es una cuestión que violenta las normas más elementales de una sociedad, y la cuestión es qué hacer para impedir que eso se establezca en una sociedad democrática. Es un reto permanente, cuya vigilancia ha de ser constante y eficaz.

Nuestros organismos públicos han fallado mucho en lograr ese propósito, a tal punto que la República Dominicana de hoy está figurando entre los países con mayor tráfico de drogas. Igualmente, ha sido notable el incremento de la distribución y el consumo en todo el territorio nacional. Muchos de nuestros jóvenes han asumido esa práctica como modo de vida y de reivindicación económica.

Hemos creído que los derechos de los delincuentes están por encima de la ciudadanía que padece las consecuencias de sus prácticas criminales. Esa actitud ha llevado a muchos de los miembros de esos organismos a involucrarse con la práctica criminal, como es el bajo mundo de las drogas.
Con esas complicidades también se ha sentado entre nosotros un grado tal de impunidad en que nadie parece temerle al castigo de nuestro sistema judicial, tan vulnerable y vergonzoso que lastima. Todo parece tener arreglo, y eso se ha constituido en la norma.

Después de tantos escándalos que han dejado el país haciendo el ridículo, se anuncia que los jueces no concederán fianza a los narcotraficantes. Es una decisión difícil de asimilar después que se han concedido tantas tan graciosamente alegando las bondades del nuevo Código Procesal Penal.

Necesitamos una estructura capaz.

¡Qué pena!

Los hechos posteriores a la euforia que vislumbraba un triunfo final de la democracia frente a los golpistas de Honduras han demostrado el virtual fracaso de las negociaciones y alejado la posibilidad de que Manuel Zelaya sea restaurado en la Presidencia para reencauzar a esa nación por senderos institucionales.

Desde el mismo día en que se anunció el pretendido convenio se podían advertir dudas y la persistencia de escollos, en vista de que en ciertas esferas del poder de facto se afirmó de inmediato que, como ente soberano, el Congreso podría aprobar o desestimar la reinstalación del derrocado gobernante.

Las ideas esbozadas sobre la conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, pero que excluye a Zelaya, son una clara demostración de que los golpistas nunca contemplaron seriamente abandonar el poder.

Al Congreso, que fue parte esencial del golpe de Estado, pues de ese órgano salió el presidente golpista Roberto Micheletti, responsable de las muertes y la represión a que ha estado sometido el pueblo hondureño durante más de cuatro meses, paradójicamente le habían puesto en sus manos la suerte de un presidente constitucional.

Sin embargo, será necesario aguardar el epílogo de este penoso espectáculo de un pueblo pisoteado en su voluntad popular, ya que la crisis de la hermana nación centroamericana habrá que visualizarla, y también valorarla, dentro del campo de lo posible, no dentro de lo deseable en términos auténticamente democráticos.

Es de esperar que aun haya alguna posibilidad concreta de encontrar una salida digna e incruenta que garantice paz, libertad y la restauración del estado de derecho.

Si los golpistas logran salirse con la suya y dirigir un proceso electoral que no merecerá ningún crédito ni reconocimiento, en el hemisferio se habrá sentado un precedente funesto y los perjuicios se sentirán más allá de las fronteras hondureñas.