CARDENAL RECHAZA ARTICULO APROBADO EN ASAMBLEA NACIONAL PRIVATIZA PLAYAS.

Santo Domingo.- El arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, rechazó ayer que la Asamblea Revisora haya aprobado un artículo limitando el uso de las playas a la población, porque “las playas deben ser un patrimonio nacional al que todos los dominicanos tengan el mismo derecho a usarlas”.

López Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), habló ayer en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, donde el colegio de los obispos celebra su XXVII Asamblea Anual del Plan Nacional de Pastoral, con la asistencia de más de 300 sacerdotes, religiosos y laicos católicos de todas las diócesis del país.

El purpurado criticó la práctica ilegal que, según dijo, se ha venido introduciendo desde hace años en el país por parte de los inversionistas turísticos, que cuando instalan un hotel en algún sitio de la costa se toman para ellos ese pedazo de playa. “Yo entiendo que no, que eso no puede ser así, porque en mi opinión personal las playas deben ser patrimonio del pueblo dominicano y todos debemos tener el derecho a usarlas”, precisó López Rodríguez.

Aclaró que una cosa es que se le impida el acceso a alguna persona porque no tengan la educación suficiente ni la ética para comportarse correctamente en una playa, y otra muy injustificada que se le quiera negar el derecho que tienen los dominicanos al uso y disfrute correcto de sus playas y de los recursos con que Dios ha dotado la naturaleza.

La Asamblea Nacional Revisora acogió esta semana un pedido de los empresarios turísticos para que se incluya en la Constitución el Derecho a la Propiedad Privada, en el artículo que tiene que ver con las áreas protegidas.

La propuesta sometida fue apoyada por los asambleistas del PLD y del PRD, 140 votos a favor y 25 en contra, señala que “los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso”, pero se le agregó: “Observándose siempre el derecho a la propiedad privada”, lo que limita el libre acceso que garantizado anteriormente por la ley.