Editoriales: Principales períodicos matutinos dominicanos.

No más excusas

Ya es hora, porque se acabaron las excusas, de proceder a la revisión y reforma del Código Procesal Penal.

La sociedad no está preparada para presenciar cómo los delincuentes, tras ser atrapados en la flagrancia de un desafuero, vuelven a las calles amparados en los aspectos indulgentes de ese código.

Y si no vuelven a las calles a exhibirse incluso frente a aquellos que fueron sus víctimas, quedan con las manos y los pies libres para huir lejos, hasta fuera del país.

Esto se ha denunciado más de una vez. El clamor de la sociedad porque el Código restablezca algunas reglas que impedían la salida fácil de los delincuentes se ha hecho patente en múltiples oportunidades, pero todavía no se siente la voluntad política de proceder al cambio.

En Argentina, donde este código rige desde hace varios años con igual secuela de desencantos frente a tantas garantías que se conceden al delincuente, menos a sus víctimas, los reparos son constantes y han obligado a plantearse su revisión.

Aquí le llegó ya la hora, y no se admite más demora en esa revisión y modificación.









Bancarrota hospitalaria

En medio de una emergencia sanitaria por la abundancia de casos de dengue y gripe A H1N1, lo peor que podía ocurrir es que los hospitales estuvieran en una especie de bancarrota, por atrasos de entre tres y seis meses en la entrega de las asignaciones que tienen consignadas en el presupuesto nacional. Eso significa que han tenido menos disponibilidad de recursos en momentos en que más los han necesitado.

La situación pone de manifiesto el carácter mediático de las soluciones sanitarias. El dengue se propagó por todas partes por un descuido sanitario que tomó el primer brote como algo natural cuando se trata de enfermedades endémicas. El resultado ha sido un número bastante alto de muertos por causa de la enfermedad. Una parte importante en toda emergencia sanitaria es proveer a los hospitales, no solo de los recursos ordinarios, sino también, de ser necesario, de dotaciones extraordinarias.

No hay razones para creer que la epidemia de dengue ha cedido. La presión de la demanda de servicios hospitalarios, sobre todo en las emergencias, continúa siendo considerable. La detección de nuevos casos de gripe A indica que no se puede descuidar la vigilancia de esta enfermedad. Hay razones de sobra para demandar que se entregue a los hospitales el dinero del presupuesto, y más aún si es necesario.

Pesar por Hugo Mendoza

La muerte biológica del doctor Hugo Rafael Mendoza Tapia es un motivo de dolor que solo se atenúa por las huellas de bien que dejó a su paso por este mundo. Pediatra abnegado, investigador incansable y con una vocación de servicio poco común fueron sus señas particulares. Es imposible dejar de verle aunque se haya ido, porque su obra posiblemente esté reflejada en tantos niños a los que salvó la vida. Quebrantos de salud le separaron del ejercicio médico y terminaron con su vida.

Era vegano de origen pero radicado en la capital. Fue director del hospital Robert Reid Cabral y del Centro Nacional de Investigaciones Materno Infantil, en los que dio mucho de si para bien de los demás. Su fallecimiento enluta a su esposa Rosa Leda y sus hijos Hugo Rafael, Samuel, Juan Francisco, Linette y Rosángela. Al reconocer sus grandes méritos profesionales y humanos queremos unirnos al pesar que embarga a los suyos. Que la paz sea con él.



Ed.-Dr. Hugo Mendoza

El pediatra Hugo Rafael Mendoza falleció ayer, después de una larga enfermedad. Ha sido un referente para la medicina dominicana en su faceta más humana. El Dr. Mendoza tenía, por encima de todo, una cualidad invaluable: generaba en sus pacientes una absoluta confianza.

Ese trato médico-paciente que tantos efectos sanatorios tiene, es el sello de una generación de galenos dominicanos que a su preparación profesional unen una excepcional capacidad de empatía.

Para miles de madres dominicanas, de varias generaciones, era un orgullo decir que sus hijos eran atendidos por el Dr. Mendoza. Como médico, compaginó su consulta privada con un servicio extraordinario a la sanidad pública, a través del Hospital Dr. Reid Cabral, del que fue director por varios años. Y como médico de vocación, en el Centro Nacional de Investigaciones Materno Infantiles. Hoy, la medicina dominicana está de luto por un gran médico, y por un gran hombre

EDITORIAL

Las evidencias

La gran cantidad de figuras metidas en narcotráfico que figuran haciendo vida pública parece sorprendente. Gente que incluso su propio talaje lo delata, sin que ello resulte un simple prejuicio. Es lo que podemos denominar como auditoría visual sobre el estilo de vida.

Esa modalidad de evaluación del comportamiento resulta más que revelador, pues indica cómo viven y de dónde provienen los recursos económicos con que pueden vivir haciendo exhibición de riqueza y mostrando una ascendencia que su rastro familiar no los vincula.

Hay una clara debilidad institucional, que en ocasiones parece ridícula por lo frágil que se muestra para prevenir la seguridad y evitar el crimen como práctica común. Las evidencias resultan demasiado evidentes como para ignorarlas, mucho más por las autoridades llamadas a preservar la seguridad y la paz pública.

La falta de coordinación resalta cada vez que tenemos un caso escandaloso, como el último que hemos tenido con el caso de Sobeida Félix Morel, quien fue puesta en libertad con una garantía económica y contra quien no se puso un impedimento de salida del país, ni mucho menos fue vigilada como para saber el destino y los movimientos de esta señora relacionada con un gran caso de narcotráfico.

Al secretario de Estado de la Presidencia se le atribuye haber dicho que el presidente Leonel Fernández ha calificado la situación del expediente de Sobeida y Figueroa Agosto, el boricua cabecilla y también prófugo de este caso, como una burla a la sociedad dominicana.

Lo cierto es que el crimen ha estado avanzando entre nosotros, sin que muchos de los organismos llamados a salvarnos de ese peligro presten la debida atención. Es necesario que haya coordinación e interés en cumplir su rol.

Muy grave

El caso de Sobeida Féliz Morel, declarada prófuga por las autoridades, luego de que fuera libertada bajo fianza con relación a la incautación de 4.6 millones de dólares vinculados al narcotráfico, debe servir de profunda reflexión a los magistrados judiciales que ventilan estos procesos.

La tendencia a variar la calificación o dictamen de coerción, o sea, de prisión preventiva a garantía económica con presentación periódica ante las autoridades debe ser sometida a un examen riguroso y proceder con extremo cuidado cuando se trate de narcos, lavado u otros delitos de mucha gravedad.

Esta es la lección que puede extraerse de la fuga, salida subrepticia del país o desaparición –todavía esto debe precisarse a ciencia cierta con sus circunstancias- de Sobeida Féliz Morel, quien se esfumó precisamente el día que debía presentarse nuevamente ante la Justicia.

Llama poderosamente la atención el hecho de que apenas unos días antes y en compañía de su abogado, la imputada había reafirmado su inocencia y asegurado que no evadiría la acción de la Justicia, entre otras cosas porque no iba a desamparar a sus dos hijos.

Las autoridades están en la obligación de dar con su paradero y establecer todas las responsabilidades de lugar si en realidad habría logrado salir por vía aérea del país o en una lancha rápida, burlando vigilancia y controles oficiales, o mediante la connivencia o soborno en alguna instancia.

Hay que saludar la disposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, que luego de un reclamo del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez anunció que será investigada la magistrada que ordenó la libertad de Sobeida.

Asimismo, hay que saludar como positiva la declaración del magistrado Subero Isa, de que se evalúa la posibilidad de adoptar medidas que refuercen los criterios que el juez debe tener en cuenta para disponer una medida de coerción diferente a la prisión preventiva o para variar ésta.

Es de esperar, pues, que este caso no quede impune, y que no se siente un precedente que sería funesto para la crucial lucha contra el narcotráfico.